La política del Gobierno alimenta la crisis, según el PDP

Al anunciar que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos del Estado para 1987, el grupo parlamentario del Partido Demócrata Popular (PDP) declaró ayer que la política económica del Gobierno alimenta la crisis y que el citado proyecto es una demostración de la inoperancia para cambiar el signo de la economía.Uno de los expertos en materia económica del PDP, el ex ministro Juan Rovira, afirmó que el Ejecutivo no domina los presupuestos, sino que son éstos "los que atenazan al Gobierno". A su juicio, el volumen ide las remuneraciones del personal, los gastos de la deuda pública, las subvenciones a las empresas públicas, la Seguridad Social y las administraciones territoriales "dejan escaso margen de maniobra para llevar a cabo una correcta política económica". Agregó que las reformas en estas áreas no han sido auténticas, por lo que los presupuestos agravarán los principales desequilibrios".

Confía a la inversión privada la creación de puestos de trabajo", dijo Rovira, "pero se reducen los estímulos fiscales, al suprimir la deducción para los valores de renta fija, al rebajar la reducción para la renta variable y al no propiciar mayores amortizaciones empresariales". Negó que la presión fiscal vaya a subir el 0,15%, como dice el Gobierno, para precisar luego que aumentará el 01,92% del producto interior bruto, "uno de los incrementos más importantes de los últimos ejercicios".

Otro de los expertos, José Manuel Margallo, afirmó que el Gobierno ha sido incapaz de hacer un diseño para la Administración pública, cada vez más cara, pese a que desde 1983 los funcionarios han perdido ocho puntos de sus ingresos.

Igualmente, el también ex ministro Luis Ortiz tachó el cuadro macroeconómico de voluntarista y subrayó que el Ejecutivo se reserva la potestad de elegir la forma de financiar el déficit público mediante un recorte de las facultades del Parlamento.

Por ello, el PDP anunció que presentará enimiendas para evitar que el debate se convierta en un "puro trámite de autorización al Gobierno para gastar 13,2 billones de pesetas".