El ajuste laboral de la crisis ha costado cerca de seis billones de pesetas desde 1980

El ajuste de plantillas en los últimos cinco años y medio ha costado en torno a los seis billones de pesetas, según distintas fuentes consultadas y los datos disponibles. En esta cantidad se incluye lo que los empresarios -o la propia Administración, en caso de insolvencia de las empresas- han destinado a pagar el despido de más de 2,5 millones de trabajadores que han perdido en este período su puesto de trabajo y los casi cuatro billones de pesetas abonados en desempleo.

Las estadísticas oficiales tienen datos exactos de que se ha abonado cerca de un billón de pesetas en estos últimos años por despidos y jubilaciones anticipadas que han servido para ajustar laboralmente las empresas. Pero en esta cifra no se incluye el coste del casi medio millón de despidos producidos a través de los expedientes de regulación de empleo, que los medios más optimistas evalúan en otro billón de pesetas.Desde 1980 hasta abril de 1986, últimos datos que se conocen, 1.102.326 trabajadores han sido despedidos a través del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC). Los empresarios han pagado en indemnizaciones 506.659 millones de pesetas. Se trata de rescisiones de contratos pactadas y que no han pasado a las magistraturas de: Trabajo. Pero no son los Únicos despidos producidos.

Las magistraturas de Trabajo han resuelto casi medio millón de asuntos de despidos, exactamente 494.600. En este caso conviene hacer tina matización, ya que en las estadísticas que ofrecen las magistraturas no se especifica el número de personas despedidas, sino de asuntos en los que puede haber uno o varios trabajadores incluidos, con lo que, según fuentes de la propia Administración, la cifra citada puede muy bien multiplicarse por dos -"y nos quedaríamos cortos"- para aproximarse al número real (le despedidos. Ello supondría que, cuando menos, en las magistraturas se ha tramitado otro millón largo de despidos.

Despidos y expedientes

Se sabe, no obstante, que las sentencias dictadas en este período marcaban una indemnización por despido de 162.952 millones ele pesetas. En total, han sido 669.611 millones los empleados; para pagar los aproximadamente dos millones de despidos que se han producido en nuestro país a través de uno u otro medio en menos de seis años.

Sin embargo, estos dos no son los únicos instrumentos legales para rescindir los contratos, ni éstas las únicas cantidades destinadas a financiarlos. Desde 1980 se aprobaron otros 404.932 despidos mediante los expedientes de regulación de empleo. En este caso, no se sabe cúanto dinero se: empleó en pagar el ajuste de las plantillas. Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que carecen de datos al respecto, aunque los expedientes pasan por la Dirección General de Trabajo.

La citada dirección se limita a estudiar la documentación justificativa de las empresas y las alegaciones que presenta la representación de los trabajadores, antes de aprobar o denegar el expediente. Las indemnizaciones son pactadas entre la dirección de las empresas y los sindicatos y suelen ser más altas de las que corresponderían en despido individual. Los cálculos efectuados por el Ministerio de Economía señalan que el coste medio de un despido ronda los dos millones de pesetas, y fuentes empresariales han asegurado que incluso esta estimación se queda corta. Ello supondría un gasto que rondaría el billón de pesetas.

Pero los ajustes de plantilla no han sido realizados exclusivamente por la vía del despido. La jubilación anticipada ha sido otro de los mecanismos más frecuentemente utilizados desde el inicio de la crisis. Desde 1980, últimos datos conocidos, 40.498 trabajadores se acogieron a la jubilación anticipada, que supuso un coste total de 131.669 millones de pesetas. De esta cantidad, el Estado aportó 52.667 millones, y el resto corrió por cuenta del empresario.

No son estos capítulos los únicos que habría que considerar para evaluar el coste: real de la crisis económica y sus repercusiones en el campo laboral. Las distintas fuentes consultadas coinciden en que el efecto más patente de la crisis ha sido el desempleo y los recursos destinados a paliarlo. Desde 1980, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha dedicado a, protección del paro 3,8 billones de pesetas.