El Gobierno, reticente a regular la televisión privada

El Gobierno no tiene ninguna prisa en regular el funcionamiento de la televisión privada en España, por lo que, previsiblemente, la ley correspondiente no será aprobada en Consejo de Ministros hasta muy avanzada la actual legislatura, que terminará en 1990. El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Javier Solana, afirmó ayer en el Congreso: "Es propósito de este Gobierno iniciar los trabajos que conduzcan a la regulación legal de la televisión privada". Esta fue la respuesta que dio si la interpelación del diputado del Partido Liberal, integrado en Coalición Popular, José Miguel Bravo de Laguna, quien recordó al ministro, las innumerables ocasiones en que el Gobierno ha dicho que se regularía "en breve". Durante su intervención, Solana también anunció el próximo relevo del actual director de RTVE, José María Calviño.

La respuesta dada ayer por el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno viene a demostrar, según fuentes socialistas, que en el Gobierno impera en estos momentos la corriente de opinión -sostenida por importantes dirigentes del PSOE y algunos ministros próximos al vicepresidente, Alfonso Guerra- según la cual la regulación de la televisión privada no es un asunto prioritario. Las mismas fuentes fueron más; allá, al asegurar que, si no estuviera en el programa electoral, previsiblemente no se llegaría ni a regular; y precisaron que "a lo largo de toda la legislatura" hay tiempo suficiente para hacerlo.Los reticentes respecto a esta regulación apuestan por "fortalecer y hacer más atractiva la televisión pública, de tal suerte que satisfaga los deseos de los ciudadanos". Según aquéllos, es viable incorporar dos nuevos canales, uno para ocio y otro de carácter cultural, con lo que se conseguiría una televisión "plural y de calidad". Este proceso facilitaría, según estos proyectos, la reconversión de personal que, a juicio de los dirigentes socialistas, debe hacerse en Televisión Española. Mediante los dos nuevos canales se llevaría a efecto un trasvase de personas, con lo que se descarta la hipótesis de reducir la plantilla del Ente Público. "Después de este proceso podría llegar la televisión privada, pero sin prisa", insistieron.

El ministro de Cultura, Javier Solana, respondió ayer a la interpelación presentada por el diputado del PL José Miguel Bravo de Laguna -en lo que fue el primer Pleno de este período de sesiones- sobre televisión pública y privada. "Es propósito de este Gobierno iniciar los trabajos que conduzcan a la regulación legal de la televisión privada en España", fue la respuesta textual del ministro portavoz.

Compromiso anterior

Previamente, Bravo de Laguna había realizado, a modo de reproche, un recordatorio de las veces que el Gobierno se había comprometido "en breve" a la regulación de la televisión. La próxima semana, el mismo diputado presentará una moción para solicitar del Gobierno las fechas concretas de esta regulación.El ministro portavoz aseguró que el Gobierno, para regular la televisión privada, tendría en cuenta dos criterios: "Acercar las diferencias que existen sobre este asunto entre fuerzas políticas y sectores de la sociedad interesados en el tema, y la defensa de los intereses de los ciudadanos, de tal forma que pueda comprobarse que la televisión privada tiene viabilidad económica".

Este primer Pleno comenzó casi como acabó el último de la anterior legislatura, es decir, hablando de RTVE y de su director general, José María Calviño, a instancias de la oposición. Bravo de Laguna comenzó así su intervención: "La oposición ha planteado al Gobierno las cuestiones relacionadas con Televisión en todos los tonos, de todas las maneras".

Javier Solana contestó con un anuncio formal: "Puedo afirmar que el Gobierno procederá en breve al nombramiento del director general de RTVE". Los dirigentes socialistas consultados ayer no dudaron que, efectivamente, "en los próximos días" se procederá al relevo de Calviño. Otro anuncio del ministro fue la disponibilidad gubernamental para modificar el estatuto de RTVE. Las negociaciones para esta modificación comenzaron en la pasada legislatura a iniciativa del Grupo Popular, y quedaron paralizadas cuando los populares se negaron finalmente a apoyar la proposición de ley en la que se plasmó la modificación. Finalmente, la proposición se retiró ante la ausencia de defensores.

En este debate se reprodujeron los mismos conceptos que en ocasiones anteriores. El ministro insistía en que el Gobierno no tiene facultades para sustituir al director general, a no ser que hubiera transgredido graves principios de actuación reflejados en el estatuto: "Desde que se nombró al director general en la pasada legislatura, las presiones para que se le destituyera han sido incesantes, pero eran presiones difícilmente atendibles", dijo.

Además del interpelante, José Miguel Bravo de Laguna, todos los portavoces de la oposición, a excepción del representante del PNV, fijaron su posición crítica, no obstante, hacia el funcionamiento de la televisión pública. Bravo de Laguna realizó una exhaustiva exposición, con fechas y citas gubernamentales, de las veces que el Gobierno se había comprometido a regular la televisión privada, al tiempo que lamentó la ausencia de medidas contra el comportamiento "poco plural" de RTVE. "Ustedes se cubren hipócritamente con el estatuto para decir que no pueden influir en televisión y nadie se lo cree", afirmó Bravo de Laguna.