El Parlamento Europeo debe conceder permiso para juzgar a Barral, según sus defensores

El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid notificó ayer al senador socialista y diputado de¡ Parlamento Europeo Carlos Barral el auto de conclusión del sumario que se sigue contra él por un presunto delito de injurias al editor Francisco Gracia, supuestamente vertidas en uno de los capítulos de su novela Penúltimos castigos. Los abogados Francese P. Jufresa y Gonzalo Quintero, que defienden al escritor, aseguraron ayer que la Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá pedir al Parlamento Europeo un suplicatorio para juzgar a Barral, dada su condición de eurodiputado desde el pasado mes de diciembre.

A las 12.30 de ayer, Carlos Barral acudió al Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid donde firmó el acta donde se le notificó la conclusión del sumario que se abrió contra él por supuestas injurias. Este juzgado, que preside el magistrado Carlos Granados, instruye la causa contra el parlamentario por delegación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.Barral fue procesado en noviembre de 1985 por el Tribunal Supremo, por un supuesto delito de injurias al editor Francisco Gracia, quien se sintió aludido en la novela escrita por Barral, en la que habla de un editor con un apellido similar al suyo. El Supremo decretó la libertad del escritor pero le impuso una fianza de 50 millones de pesetas para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa penal.

Los abogados defensores de Carlos Barral han notificado al juez instructor y al Tribunal Supremo en diversas ocasiones la condición de parlamentario europeo del procesado. A finales del pasado mes de mayo, los letrados remitieron a la Sala Segunda un certificado expedido por el Senado en el que se confirma el cargo político del escritor. Según los letrados Quintero y Jufresa "el Supremo deberá solicitar un suplicatorio al Parlamento Europeo para seguir con el procedimiento judicial y poder juzgar al eurodiputado". Según afirmaron ayer el propio Barral y sus abogados, no les consta que en el Parlamento de Estrasburgo se haya planteado algún caso similar.

Una absolución

Éste es el segundo procedimiento judicial que se sigue: contra el editor y escritor catalán. Hace doce años Carlos Barral fue juzgado en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona acusado de un delito de ultrajes a la religión católica y otro de blasfemias, como responsable de una edición castellana de la obra Los Tarahumara, de Antonin Artaud, publicada en la editorial Enlace.

La obra del escritor y actor francés recogía algunas notas redactadas en sus viajes por Méjico en 1936, cuando marchó a la búsqueda de las tribus tarahumara, y las cartas que escribió desde el manicomio de Ivry donde permaneció durante un largo período y que abandonó dos años antes de su muerte.

La acción judicial contra Barral y Los Tarahumara la inició un joven lector, que se sintió escandalizado por alguno de los conceptos vertidos en la obra. El juzgado abrió una causa contra Barral y ordenó el secuestro del libro.

El fiscal pidió para el acusado seis meses de arresto y cuatro años de inhabilitación como editor, así como el decomiso y destrucción de los libros, pero la sala dictó el 21 de junio de 1974 una sentencia absolutoria.

En aquella ocasión, Barral fue defendido por el profesor de derecho procesal Joan Piqué Vidal.

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