Nakasone intentará limar los litigios históricos con Seúl

La principal misión del primer ministro nipón, Yasuhiro Nakasone, en su visita de dos días a Seúl, que inicia mañana, será apaciguar las diferencias tradicionales entre los pueblos de Japón y de Corea del Sur. Una entrevista con el presidente surcoreano, Chun Doo Hwan, y la participación en la apertura de los X Juegos Asiáticos constituyen los principales puntos de la visita.Antes de la llegada de Nakasone a Seúl -cuyo aeropuerto internacional fue objeto de un atentado terrorista el pasado domingo, con un resultado de cinco muertos y 31 heridos-, un grupo de estudiantes surcoreanos protestó ante la oficina de información de la Embajada de Japón en Seúl criticando el rearme y la actitud de Tokio en el litigio de los libros de texto.

La polémica surgió hace unos meses, cuando el Ministerio de Educación japonés, después de años de protestas diplomáticas por parte de Corea del Sur, China y otros países asiáticos, aceptó revisar la historia de Japón en los libros de texto. Sin embargo, en los nuevos libros Japón no incluye la palabra invasión, y maquilla otros hechos de la campaña bélica de la ocupación japonesa de Corea del Sur, China, Filipinas y otros países asiáticos durante la II Guerra Mundial. Ante las protestas de los gobiernos de Corea del Sur y de Pekín, el Gobierno japonés aceptó realizar una tercera revisión.

Fue a primeros de este mes de septiembre cuando el ministro japonés de Educación, Masayuki Fujio, declaró en una entrevista que la presencia de los japoneses en Corea durante unos 35 años, desde la primera ocupación en 1910, contó con la aprobación de los coreanos. La opinión de Fujio causó tal tensión entre Seúl y Tokio que el primer ministro de Japón, Yasuhiro Nakasone, destituyó al ministro ante la negativa de éste a presentar su dimisión.

Otro de los temas de discrepancia entre Tokio y Seúl afecta a la minoría coreana que vive en Japón, cifrada en unos 700.000, lo que representa el 80% de la población extranjera en un país de más de 120 millones de habitantes. Esta minoría debe someterse, al igual que el resto de los residentes extranjeros, a las leyes de emigración japonesas, que exigen el registro obligatorio, incluidas huellas digitales, requisito que Japón sólo aplica a sus nacionales perseguidos por delitos criminales.