De la ley del orden

EN ESTE contexto que envuelve a las sociedades occidentales frente al terrorismo, el Parlamento español celebró ayer una sobrecargada sesión con el ministro del Interior para conocer y controlar -como es propio de toda sociedad democrática- la actuación del Gobierno en este terreno, y especialmente sobre algunos asuntos concretos que han venido reclamando la atención pública en los últimos días.José Barrionuevo reveló ayer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que la decisión de desatender la orden judicial de comparecencia de 90 guardias civiles que debían someterse a un trámite de reconocimiento fue adoptada por su departamento "previo acuerdo con el Ministerio de Justicia y contando con la aprobación del presidente del Gobierno". Poco antes, y en respuesta a diversas preguntas de miembros de la comisión sobre la aplicación de la ley antiterrorista, José Barrionuevo remitió al debate sobre las medidas de reforzamiento de dicha ley propuestas por Coalición Popular la discusión sobre la conveniencia o no de prolongar la vigencia de la misma.

Al parecer, el Gobierno es partidario, al igual que Coalición Popular, de reformar la legislación antiterrorista, pero no para modificar aquellos artículos que en su día dieron origen a recursos por presunta inconstitucionalidad, sino precisamente para ampliar a nuevos supuestos esa sospecha de inconstitucionalidad. Y de momento ampara iniciativas que han forzado al Consejo General del Poder Judicial a recordar que "todos, incluyendo el Gobierno, están obligados a cumplir las resoluciones y mandatos judiciales". Todo ello en nombre de la eficacia.

Esa eficacia, sin embargo, brilla más bien por su ausencia. De los numerosos datos ofrecidos ayer por el ministro en relación a la aplicación de la ley antiterrorista se deduce que desde la entrada en vigor de la misma, el 4 de enero de 1984, sus supuestos fueron aplicados a un total de 1.026 personas, de las que tan sólo 374, el 36,5%, pasaron a disposición judicial. El informe presentado ayer por Barrionuevo no precisa qué porcentaje de los detenidos puestos a disposición Judicial fue efectivamente procesado, pero es evidente que se trata de una porción mínima de esas 1.026 personas. De los 1.339 registros domiciliarios que se efectuaron al amparo de esa ley, dio resultado positivo el 32%. Por otra parte, en los últimos siete meses -desde la anterior comparecencia del ministro ante la comisión-, ETA ha asesinado a 34 personas, cuatro más que en el mismo período del año anterior, dos terceras partes de ellas en acciones atribuidas al denominado comando Madrid.

Varios de los diputados que tomaron ayer la palabra llamaron la atención sobre lo que consideraron "fracaso político" de la legislación antiterrorista, que nació para ser aplicada de forma selectiva, excepcional, y que, sin embargo, según el representante del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Azcárraga, "se está aplicando de forma sistemática e indiscriminada".

Pero el problema fundamental es la sospecha, de la que se hicieron portavoces algunos de los diputados que intervinieron ayer, de que la incomunicación y prolongación del período de detención que autoriza la legislación excepcional es utilizada para amparar la práctica de la tortura durante los interrogatorios. Es cierto, como recordó el ministro, que los etarras detenidos denuncian sistemáticamente haber sido torturados, pero ello no puede hacer olvidar que existen casos, si bien menos numerosos que en el pasado, en los que las denuncias correspondientes han sido avaladas por informes forenses.

El problema del terrorismo plantea a los Estados democráticos dificultades enormes, y ninguna ingenuidad o falsa buena conciencia es permisible ante él. El Estado debe emplearse con firmeza en esa batalla, pero siempre bajo el imperio de la ley. De nada serviría acabar con esa plaga, principal peligro que acecha hoy a las sociedades democráticas, si el precio es la asunción por esa sociedad y sus instituciones representativas de la mentalidad y valores de los propios terroristas. Para éstos, todo vale, desde la coacción al asesinato, si va dirigido, real o imaginariamente, a un fin previamente establecido. Pero para el Estado democrático, no. La comparecencia de Barrionuevo resulta desalentadora en la medida en que ha dado estado de naturaleza a las peores suposiciones sobre los efectos que los crímenes terroristas causan en quienes figuran en primera línea del combate contra él. Al confirmar que el Ministerio de Justicia, por una parte, y el propio presidente del Gobierno, por otra, están detrás de la insólita decisión por parte de la Guardia Civil de erigirse simultáneamente en recurrente contra una resolución judicial y juzgador del recurso mismo -pues no otra ha sido la actitud de quienes decidieron desoír el mandato de la juez de Bilbao-, Barrionuevo sitúa el problema en su dimensión crítica: la de un enfrentamiento entre la cima del poder ejecutivo y el poder judicial.

El hecho de que tras la multiforme polémica suscitada se oculte un asunto de presuntas torturas a un ciudadano aumenta la alarma sobre la situación. Máxime cuando el propio Barrionuevo admite que al ministro del Interior le han podido meter un gol en la aplicación de la legislación antiterrorista a Santiago Corella, el Nani, presunto delincuente común desparecido en Madrid tras ser detenido por miembros de la policía. Éste y no otro es el dilema. Por eso conviene pisar con pies de plomo en un terreno tan complicado.