El Gobierno comparece

LOS MINISTROS de Interior y Defensa, a petición propia, comparecerán hoy, por primera vez en la legislatura, ante las comisiones correspondientes del Congreso para someterse a sendas sesiones de control. Esta función parlamentaria constituye uno de los valores más apreciados de los sistemas democráticos. Las sociedades avanzadas tienen los mecanismos políticos precisos para corregir y controlar los excesos del poder y la la opinión pública puede conocer las razones que motivan las decisiones de sus gobernantes temporalmente elegidos para la gobernación del Estado.La forma como el Gobierno asume las preguntas y críticas de la oposición en esas comparecencias se convierte en medida del talante democrático del partido mayoritario, con independencia de sus señas de identidad. Tal es el supuesto de las sesiones que se celebran hoy, coherentes con el normal funcionamiento de un sistema democrático en una sociedad plural y conflictiva.

Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y del Centro Democrático y Social habían anunciado ya su intención de solicitar la presencia de Barrionuevo a fin de que explicase todo lo relativo a la desaparición, a finales de 1983, de Santiago Corella, el Nani, así como sobre el apoyo gubernamental a la actitud de la Dirección General de la Guardia Civil en la no presentación de 90 agentes a un trámite de reconocimiento ante la autoridad judicial. Pero el ministro se ha adelantado a dicha solicitud y ha prometido informar sobre la evolución de la lucha antiterrorista y someterse a las preguntas de los parlamentarios sobre aquellos otros dos temas. Gesto que sólo puede merecer el elogio.

Se trata de dos asuntos de extraordinaria importancia, en los que está en juego la credibilidad del Estado de derecho. Por ello, Barrionuevo está obligado a explicar cabalmente lo sucedido con un ciudadano español al que se le aplicó la legislación antiterrorista y que desapareció tras un interrogatorio a cargo de la policía judicial de Madrid. Y está obligado también a aportar cumplidas razones que justifiquen la negativa de una institución dependiente del Gobierno a obedecer un mandato de la autoridad judicial.

Y porque aquí nadie goza del monopolio de la verdad, conviene recordar que fue inicialmente la Prensa, y no el Ministerio de Interior, quien investigó las circunstancias de la desaparición de El Nani, el 12 de noviembre de 1983, que según la versión oficial, se dio a la fuga cuando era conducido a un descampado para señalar el lugar donde supuestamente había un escondite de armas. La primera reacción de la policía ante las sospechas reflejadas en la Prensa fue solicitar de los servicios jurídicos la interposición de una querella por calumnias. No obstante, la avalancha de datos que fueron acumulándose en tomo al caso, en particular a raíz de las denuncias presentadas por el joyero santanderino y confidente policial Federico Venero, que reveló la existencia de una auténtica mafia policial, aconsejaron a la dirección general de la policía renunciar a las querellas, por una parte, y a dar carpetazo a la investigación, por otra. Después han sucedido más cosas.

Este dramático suceso puede ser explicado por el Gobierno en la Cámara. Los grupos parlamentarios que han anunciado su intención de pedir explicaciones sobre el primer desaparecido de la democracia española no hacen sino actuar como portavoces de amplios sectores sociales. Y en todo sistema democrático siempre son exigibles las responsabilidades políticas de quienes ocupan temporalmente la administración del Estado. Ahí reside la diferencia de los sistemas que amparan las libertades de los que las conculcan. Por eso precisamente es elogiable que el Gobierno haya tomado la iniciativa de comparecer en el parlamento para dar a todos los ciudadanos la información precisa de estos desagradables sucesos.