El nuevo curso en los tribunales se abre bajo el signo de la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial

El año judicial se inicia hoy bajo el signo de la tensión reciente entre los poderes ejecutivo y judicial, a propósito del apoyo del Gobierno a la incomparecencia ante una juez de Bilbao de 90 guardias civiles, en relación con una investigación por supuestas torturas, y el inmediato recordatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la obligación constitucional de cumplir los mandatos judiciales. Mientras tanto, Jueces para la Democracia reflexiona sobre la "inutilidad" del acto, dada la actual situación de la justicia, y critica, en concreto, "la cada vez más notable autonomía policial".

El Consejo reunido en pleno extraordinario el viernes, sopesó las palabras a través con las que iba a expresar por unanimidad su rechazo a la actitud gubernamental. Casi al mismo tiempo, el director general para las Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol, comparecía ante las cárnaras de TVE, por orden del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para argumeritar jurídicamente la decisión tomada en altas instancias del Gobierno.El Consejo, vinculado a la soberanía popular a través de la elección parlamentaria de sus 20 vocales, se vio, obligado a intervenir "en cumplimiento de su obligación de colaboración con todos los poderes del Estado, para la realización del Estado de Derecho". En cumplimiento de este deber, el Consejo creyó "necesario insistir" en la obligación de cumplir "las resoluciones y mandatos judiciales, sin entrar a considerar su corrección jurídica, en tanto éstos vio sean dejados sin efecto por la vía legal de los recursos procedentes".

El ministro de Justicia, que no ha contestado a está reacción del Consejo, asistirá hoy al acto de apertura de los tribunales, en el que, según las fuentes judiciales consultadas, no es de esperar una situación de tensiónexpresa, dada la proverbial moderación del actual presidente, Antonio Hernández Gil.Estas fuentes recuerdan la violenta situación de 1984, en análogo acto, cuarido el entonces presidente, Federico Carlos Sairiz de Robles, críticó con dureza, en presencia del Rey, la gestión de Ledesma, desde una perspectiva conservadora.

A la tensión reciente se unen los problemas estructurales y presupuestarios padecidos por la admi nistración de justicia Y que no han sido solucionados, en los últimos años, a pesar de las expectativas creadas por el Gobierno socialista y la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Fuentes del Consejo Judicial han expresado que sólo un vuelco presupuestario podrá sentar las bases de la necesaria reforma judicial. El anuncio de que para 1987 el presupuesto de Justicia será superior a los 107.00ó millones de pesetas (sobre 98.000 millones para 1986) no resulta alentador en estos sectores.

"Inútil"

Por su parte, Jueces para la Democracia -asociación progresista minoritaria en la carrera judicial-, considera inútil el solemne acto de hoy, que será presidido por el Rey. "La justicia sigue sin estar para celebraciones", afirma la citada asociación. A pesar del año transcurrido, desde la entrada en vigor de la LOPJ, la intensa actividad legislativa desplegada des de 1983, y "algunos cambios en la administración judicial", la cali dad del servicio público de la justi cia no se siente "en la calle".

En el área judicial penal, Jueces para la Democracia denuncia "una realidad institucional marcada por el peso realmente aplastante de la cada vez más notable au tonomía policial". Como ejemplo, cita el caso de la juez María Elisabeth Huertas -que citó a 90 guar días civiles para una rueda de reconocimiento- y señala "el alto grado de responsabilidad que en este estado de cosas cabe a la legislación antiterrorista y a la pro pia política del actual Gabinete en relación con la institución poli cial". Resalta igualmente el "lugar secundario, residual", dedicado cada año por los presupuestos del Estado "a la tutela jurisdiccional del orden dernocrático".

Jueces para la Democracia denuncia también las deficiencias de los mecanismos de inspección y tvaluáción estadística, incapaces de mostrar que "el aparato judicial sigue funcionando de espaldas a los intereses sociales mayoritarios (...), no sólo y no tanto por el ta lante posiblemente regresivo de un mayor o menor número de jueces s¡no sobre todo porque continúan faltando medios legales y técnicos para que pueda darse satisfacción a una demanda social distinta de la que ha venido siendo tradicio nalmente atendida por la justicia de siempre".

Por último, Jueces para la Democracia indica al Consejo una tarea que permanece "inédita": conocer y comunicar a la opinión pública la significación social del aparalo que gobierna y "medirse con los otros poderes del Estado ( ... ) para exigir de ellos una mayor sensibilídad, o mejor aún, una sensibilidad distinta hacia la justicia".