Pedir trabajo no es delito

El colectivo jornalero andaluz ha venido interpelando desde hace siglos hasta nuestros días la gran vergüenza histórica que supone la injusta distribución de la tierra en Andalucía. Los grandes propietarios y sus respectivos representantes y apoyos siempre han sabido encontrar fórmulas para salir airosos de esta contradicción pendiente..La última fórmula combina dos medidas algo nuevas y viejas a la vez:

1. Subsidio de paro. Acallar el malestar de los que no tienen tierra ni trabajo en el medio rural, tapándoles la boca con una especie de limosna ocasional llamada subsidio de desempleo para los parados agrícolas. Este subsidio es una fuente de corrupción, de pérdida de dignidad, ya que está acostumbrando a que el jornalero malviva sin trabajar; asimismo, de humillación ante el patrón, que, aunque ya no le da trabajo, sin embargo, ha de proporcionar al parado un certificado firmado por él que es condición imprescindible para tener posibilidad de que el subsidio sea concedido.

2. Represión, Sin embargo, todavía quedan muchos jornaleros que conservan memoria histórica y que tienen conciencia y dignidad. Consecuentemente, todos éstos no se conforman, y luchan por la tierra y el trabajo. La represión sobre los elementos más conscientes y combativos es la segunda medida que se está empleando en el campo andaluz.

Éste es el análisis de fondo en el que enmarcamos los hechos que exponemos a continuación el 19 de enero de 1984, unos 200 jornaleros en paro de El Coronil (Sevilla) fueron en marcha, andando, a la finca El Garrotal, propiedad de don Carlos Delgado Ribelles, en apoyo a una carta que se le había entregado al propietario en la que se le pedía que contratara un obrero en paro por cada 50 fanegas de tierra, o que su finca fuera arrendada a una cooperativa de jornaleros parados.

Retirada pacífica

El dueño no accedió. Los jornaleros regresaron a sus casas sin que hubiera ningún incidente No obstante, el hecho fue denunciado a la Guardia Civil. El juez sentenció el 13 de junio de 1985 contra Diego Cañamero Valle, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, el que encabezara una acción de lictiva de coacción ejercida al dueño, ya que éste declaró haberse sentido cohibido y temeroso durante el diálogo con los jornaleros.

Esta sentencia, que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, significa que Diego Cañamero tendrá que ingresar en prisión el 5 de septiembre para cumplir: un mes y un día de arresto mayor; suspensión de todo cargo público; 30.000 pesetas de multa o arresto sustitutorio de 16 días en caso de impago, y abono de las costas del juicio.

Tras todo lo anterior, entendemos que es honesto exponer a la opinión pública lo siguiente:

1. La situación de paro casi permanente en que vive el colectivo jornalero andaluz hace que éste tenga que sufrir una situación socioeconómica injusta y con escasas esperanzas de futuro.

2. Ante esta situación, los jornaleros luchan por conseguir un derecho constitucional y humano, el derecho al trabajo, a una vida digna y a poder vivir de la tierra que siempre trabajaron.

3. Que el actual Gobierno, como los anteriores, lejos de responder a este problema social con medidas apropiadas, pretende atajar la situación tensa del campo andaluz con medidas paternalistas y represivas que cierran mucho más el futuro.

4. Que, por culpa de esta política, Diego Cañamero tendrá que ir a la cárcel injustamente, e igual que él continuarán cientos de jornaleros.

5. Que pedimos al Gobierno del PSOE conceda el indulto a Diego Cañamero y a todos los jornaleros cuyas sentencias condenatorias de cárcel vayan haciéndose firmes. Pedir trabajo no es delito.

6. Pedimos al Gobierno central y al andaluz que cambien las medidas represivas a través del ministerio fiscal por soluciones que aborden de raíz la problemática del campo andaluz.

7. Finalmente, pedimos que el Parlamento español cambie las leyes que posibilitan el que los jornaleros vayan a la cárcel por pedir trabajo.

Santiago es coordinador de los comités de solidaridad con los jornaleros.