Menos universitarios

LA TENDENCIA generalizada de las universidades a acogerse a la limitación de plazas en aquellas carreras por las que existe una gran demanda social obliga a plantearse con urgencia los criterios políticos y académicos que rigen el acceso a la Universidad pública en España. La situación actual está marcada por un cierto vacío legal. El Gobierno reguló el pasado mes de mayo, mediante real decreto, los procedimientos de ingreso en los centros universitarios. En su artículo segundo, el decreto indicaba que el ingreso en los centros universitarios estará condicionado "por la capacidad de éstos, que será determinada por las distintas universidades con arreglo a módulos objetivos establecidos por el Consejo de Universidades".El vacío reside en que el Consejo de Universidades, en el que se sientan los rectores de las 29 universidades públicas más el rector de la universidad a distancia y que preside el ministro de Educación, no ha conseguido llegar a un acuerdo para definir los módulos objetivos que deben determinar la capacidad de las aulas universitarias. Mientras tanto, como situación transitoria, las universidades remiten sus peticiones de limitación de plazas a la comisión académica del Consejo de Universidades, que las autoriza o deniega mediante resolución motivada. La actual demanda de enseñanza superior ha provocado que lo que un día parecía un problema que afectaba sólo a los aspirantes a estudiar medicina se haya extendido, en algunas universidades, a todas las carreras.

Es obvio que las razones que animan a las autoridades académicas a poner un límite máximo de plazas a las aulas universitarias son mejorar la calidad de la enseñanza, elevar el prestigio académico de nuestros centros superiores y no colaborar a la creación de una bolsa de parados de lujo. El desajuste entre la oferta y la demanda educativa es un problema de difícil solución, sobre todo cuando el súbito interés por determinadas carreras superiores está motivado por factores coyunturales que es previsible que desaparezcan en un plazo breve de tiempo. Si el Estado tuviese que realizar las inversiones en material y profesorado para absorber toda la demanda social de enseñanza superior no habría presupuesto ni deuda pública que pudiera soportarlo. Pero si la selectividad se impone, por tanto, como una necesidad real y acuciante en algunos casos ante la avalancha de peticiones en determinados centros, los poderes públicos deben abrir un debate sobre los criterios que deben presidir la selectividad.

Las oportunidades para alcanzar una educación superior en España, pese al esfuerzo real y encomiable que se está realizando por extender la gratuidad de la ensefianza, siguen siendo desiguales. El bachillerato supone todavía para muchas familias un esfuerzo económico considerable que realizan con la esperanza de que sus hijos alcanzarán el ingreso en la Universidad. La necesidad de unos criterios claros, objetivos e iguales para todos se impone por tanto para evitar arbitrariedades e injusticias. El Gobierno y las universidades deben definir cuáles son los módulos objetivos que llevan a una universidad a fijar el número de plazas. La Universidad española se sigue financiando en gran medida con el dinero de todos los españoles, y es de justicia que se facilite la información suficiente y con el plazo de tiempo necesario para conocer qué oportunidades tendrán los aspirantes a universitarios a cursar la carrera que deseen. Las reticencias del Gobierno a definir con claridad su posición respecto a qué tipo de universidad desea se explican por la impopularidad que acarrea este tipo de decisiones ante el electorado. La autonomía que la ley concede a las universidades no debe servir tampoco de excusa para rehuir un debate que es, esencialmente, político. Y mientras nuestros políticos tomen sus decisiones, esperemos al menos que impere la transparencia en el proceso de selectividad, lo que evitará las suspicacias y las arbitrariedades que permiten las situaciones transitorias.