La reforma de nunca llegar

Hace poco más de un año, el presidente José Sarney anunció lo que sería uno de los proyectos más ambiciosos de su Gobierno: la reforma agraria en Brasil. El anuncio provocó esperanzas y expectativas en buena parte de los 130 millones de brasileños y a la vez desató la ira entre los poderosos terratenientes del país. Pasado el tiempo, las esperanzas bajaron rnucho y la furia de los terratenientes se transformó en una radical medida de defensa, que incluye la formación de bandas armadas en vastas áreas del interior del país. La reforma agraria bra siseña sigue donde siempre estuvo: en la lista de las audaces prome sas del presidente Sarney que no tienen perspectivas de cumplirse.

En ese lapso, la violencia -que tradicionalmente ha sido parte de la rutina en cuestiones de propiedad de la tierra- llegó a niveles inéditos. Entre 1981 y 1985 fueron asesinados 567 dirigentes sindicales en el campo. Entre enero y mayo de 1986, los dirigentes muertos han sido 122. Son datos oficiales, que con toda seguridad quedarán cortos comparados a las cuentas de los sindicatos rurales. Por todo el interior del país, pistoleros alquilan sus servicios por precios que varían entre los 2.000 y los 8.000 dólares, según el perfil de la víctima. Los contratan grandes hacendados y propietarios irregulares de grandes extensiones de tierra. La regla del juego es clara y pública: un anticipo del 50% al contratarse la muerte de alguien, y el resto cuando la víctima haya sido ejecutada. Todo el país sabe que el terrateniente Osinar Teodoro Da Silva pagó el equivalente a 2.500 dólares para que el pistolero Geraldo Rodríguez matase al cura Josimar Tavares. Es un precio demasiado bajo tratándose de un cura, pero todo indica que Geraldo Rodríguez es un matón de poco talento: se dejó detener. En cuanto al mandante del crimen, tiene su seguridad en una especie de tradición nacional: los poderosos nunca llegan a la cárcel cuando el motivo del crimen es la tierra.Nuevo ministro

Durante el tiempo transcurrido entre su promesa y el auge de la violencia, el presidente Sarney cambió su ministro de Reforma y Desarrollo Agrario. El actual ministro es Dante de Oliveira, quien se hizo notar hace poco más de dos años al presentar al Congreso un proyecto de ley restableciendo las elecciones directas para presidente de la República. En aquella ocasión, la propuesta fue derrotada gracias en buena parte a los esfuerzos del principal representante parlamentario del régimen militar, el entonces senador José Sarney. Ahora, los dos se encuentran otra vez. Sarney como presidente y Dante de Oliveira como titular del ministerio que más dolores de cabeza acarrea al Gobierno. Son muchos en Brasil los fenómenos de la convivencia política. La cooptación de ciertos sectores de la izquierda quizá sea el más notable de todos ellos.

En Brasil hay 567 millones de hectáreas en propiedades rurales, de los cuales 409 millones forman latifundios. La mitad de esos 409 millones de hectáreas es totalmente improductiva. Hay en el campo unos 10 millones de familias sin tierra. Se calcula que toda esa gente podría ser asentada en 130 millones de hectáreas. Sería, por lo tanto, una reforma agraria nada radical ya que dejaría inmensas parcelas vacías. El proyecto del presidente Sarney prevé la expropiación de los latifundios ociosos y el asentamiento gradual de los sin tierra. Eso es lo que está en el papel. En la práctica, la situación es totalmente inversa.

Para empezar, el presidente Sarney, al anunciar pomposamente su reforma agraria, cometió un error habitual en todos sus grandes anuncios: proponer algo sin tener los datos suficientes ni los medios requeridos para trazar un plan de acción. En el caso de la reforma agraria, Sarney tomó como base datos de 1979, fecha del último censo general del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. Sobre estos números, totalmente desfasados, el Gobierno trazó su plan de acción. Los técnicos encargados de imponer la reforma en el Estado de Mato Grosso -tradicional reducto de violentas disputas por la tierra- incluyeron entre las áreas que deberían ser expropiadas la hacienda Itamaratí, que hace ocho años era un descampado de 50.000 hectáreas abandonadas y que hoy día es la mayor siembra continua de soja existente en todo el mundo. Por otro error inexplicable, el área urbana del municipio de Londrina, en el Estado de Paraná -tradicional centro agrícola-, fue señalada para su expropiación. De absurdo en absurdo, la reforma agraria no logró más que irritar a los que esperan tierra y provocar la furia de los que la tienen.

Defender la hacienda

Los hacendados se sienten inseguros con respecto a un proyecto que en el fondo no da seguridad a su propio autor, es decir, el mismo Gobierno.

Transcurrido un año, la reforma agraria del presidente Sarney logró entregar tierras a poco más de 3.000 trabajadores rurales. En la .primera semana de julio, el ministro Dante de Oliveira admitió públicamente no disponer de medios suficientes para entregar tierras a 150.000 familias antes de diciembre, según preveía el proyecto original.

Mientras el Gobierno reconoce no disponer de medios, a todos los niveles, para cumplir con lo que prometió, los dueños de la tierra lucen una firme disposición en sentido opuesto. La recién creada Unión Democrática Ruralista (UDR) recaudó más de tres millones de dólares en sus primeros pasos, y anuncia a los cuatro vientos su disposición de resistir la reforma agraria "a como dé lugar". Los grandes propietarios de tierras anuncian su disposición de armar bandas paramilitares y limpiar las regiones conflictivas de los "curas comunistas" y de cualquier amenaza a sus propiedades.

La Iglesia presiona

Hoy día son casi nulos los resultados que el Gobierno puede presentar. "La reforma agraria es una propuesta que pasó con toda la dictadura, que tenía todo el poder en sus manos, y nadie ha hecho nada", afirma el jurista Alfonso Arinos de Melo Franco, uno de los baluartes del conservadurismo en Brasil. En la otra punta del hilo, Francisco Juliáo, figura legendaria que creó las "ligas campesinas" hace más de 30 años, es igualmente pesimista. "A lo que estamos asistiendo", dijo a EL PAÍS, "es a un espectáculo que se repite cada 10 o cada 100 años. La situación continúa siendo dramática para el campesino. Nosotros no creemos de ningún modo en la reforma propuesta por este Gobierno".

La Iglesia católica, por su parte, presiona de manera cada vez más firme exigiendo una reforma concreta. Buena parte de las víctimas de la violencia eran próximas a la Iglesia, y varios curas han sido asesinados. Hay un enfrentamiento directo entre Iglesia y Gobierno.

Pero el presidente Sarney, él mismo poderoso terrateniente, insiste. Dice que la reforma agraria va en serio. Su proyecto, en reafidad, es mas conservador que todos los anteriores que jamás pudieron ser concretados. El país sigue con 10 millones de familias sin tierra, con una violencia que no deja de crecer en el campo, y con propietarios de inmensos latifundios creando milicias paramilitares destinadas a limpiar, a fuerza de balazos, a los que pretendan creer que no hay abismo entre la promesa y la realidad.