Los mineros bolivianos deciden finalizarsu 'marcha por la vida' hacia La Paz

Los 5.000 mineros bolivianos que, acompañados por sus familias, marchaban hacia La Paz para protestar por el cierre de minas estatales decidieron ayer voluntariamente regresar a su centros de trabajo después de permanecer cercados durante más de 24 horas por fuerzas del Ejército a 57 kilómetros de la capital boliviana. Los trabajadores iniciaron el retorno en 40 autobuses prestados por la alcaldía de La Paz y en otros vehículos particulares, mientras la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) lanzaba un llamamiento a una huelga general contra la implantación del estado de sitio.

La COB, mediante un comunicado divulgado ayer en La Paz, dio a conocer la nueva convocatoria de huelga para protestar contra la implantación del estado de sitio y solicitar la liberación de los detenidos.El Gobierno, entre tanto, prepara el envío al destierro a regiones remotas del país a los más de 100 políticos detenidos, en su mayoría sindicalistas.

"Qué vergüenza, qué vergüenza. Tenemos tanques, tenemos armas y muchos militares para controlar a los pobres mineros; pero para enfrentar a los narcotraficantes tenemos que aceptar soldados extranjeros". Así se expresaba un boliviano al mirar un periódico local que publicaba elocuentes imágenes del estrecho cerco militar que, en la madrugada del jueves, frenó la columna minera que se acercaba a La Paz para evitar el cierre de las minas estatales.

Los mineros, con los pies llenos de ampollas, entumecidos por el frío del altiplano y frustradas sus esperanzas de lograr un diálogo con el Gobierno en La Paz, decidieron, por voluntad propia, volver a sus centros de trabajo después de resistir por más de 24 horas el rígido cerco militar, que impidió que les llegara toda ayuda alimenticia, médica e incluso el agua.

"La impresión que uno tiene es de algo muy parecido a una guerra por la cantidad de efectivos del Ejército que están allí", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Julio Terrazas, mientras que el obispo de La Paz, Jorge Manrique, acusó al Gobierno de violar "flagrantemente" los más elementales derechos humanos al impedir la llegada de auxilios.

El presidente del Gobierno, Víctor Paz Estenssoro, envió ayer una carta al del Senado para que convoque una reunión del Congreso el lunes, en la que explicará las razones por las que implantó el estado de sitio y solicitará el aval del Parlamento.