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Los tanques impiden la llegada de los mineros bolivianos a La Paz

El Gobierno conservador boliviano envió ayer los tanques para impedir que llegara a La Paz una manifestación de varios miles de mineros que desde el pasado viernes protestan por el cierre de varias minas del Estado. El cerco militar impuesto a los integrantes de la que se conoce como marcha por la vida fue ordenado poco después de que, en la madrugada de ayer, el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro decretara el estado de sitio por 90 días, en un intento de controlar el creciente malestar social y, según afirmó, para abortar un plan insurreccional de grupos de extrema izquierda que supuestamente iba a llevarse a cabo aprovechando la marcha pacífica de los mineros.

Unos 5.000 mineros, sus mujeres e hijos de corta edad, además de otros 5.000 simpatizantes, quedaron aislados entre las localidades de Calamarca y San Antonio (a 57 y 54 kilómetros de La Paz, respectivamente), rodeados por el cerco militar. Testigos presenciales manifestaron que una columna de tanques se dirigía a primeras horas de la mañana de ayer hacia el lugar donde se encontrabanlos manifestantes.La marcha pretendía llamar la atención de la comunidad internacional y del propio Gobierno sobre el cierre de varias minas de titularidad estatal y el consiguiente despido de cerca de 8.000 mineros. El cierre supone además la pérdida de viviendas, servicios de educación y sanitarios que prestan las empresas mineras del Estado. A su llegada a la capital boliviana, que estaba prevista para hoy, estaba convocada una huelga general.

Las autoridades prohibieron el traslado de periodistas y dirigentes políticos al lugar donde se encuentran los manifestantes. También se impidió la circulación de alimentos y de medios de atención médica, lo que coloca a los integrantes de la marcha en una posición dramática. Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), en la clandestinidad, así como algunos parlamentarios, anunciaron su decisión de pedir a la Conferencia Episcopal que medie ante el Gobierno para que ponga fin al cerco de los mineros.

Unas 50 personas, entre periodistas, dirigentes políticos y sindicales y miembros de los comités cívicos, fueron detenidas en el primer día del estado de sitio, el segundo que decreta durante su actual mandato el presidente Paz Estenssoro.

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* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de agosto de 1986

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