Pacto empresarial contra las cuotas a la Seguridad Social y la economía sumergida

Los sectores más intensivos en mano de obra -automóvil, metal, calzado, textil, químico, maquinaria y herramientas, entre otros ultiman estos días un acuerdo para proponer al Gobierno la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social. La iniciativa se basa en aprovechar la previsible mejora de las finanzas públicas para eliminar de golpe dichas cuotas, consideradas un impuesto sobre el empleo. A cambio, las empresas bajarían los precios y elevarían sus salarios en torno al 6%. Esto, en el horizonte de inflación cero que se derivaría de dichas medidas, generaría el potencial de consumo necesario para duplicar las tasas de crecimiento económico.

Representantes de los. citados sectores alcanzaron el pasado 17 de julio un principio de acuerdo para terminar con las cotizaciones a la Seguridad Social, acuerdo sobre el cual ultiman el compromiso que proyectan elevar a otras instancias empresariales y al Gobierno a principios de septiembre.Una característica distintiva de los sectores que promueven el pacto contra las cotizaciones a la Seguridad Social es la importancia en sus empresas de los costes laborales y de la exportación. Por ello, no han participado en las conversaciones la banca, eléctricas y construcción, los sectores más influyentes en CEOE. La cúpula empresarial está ahora más interesada en la flexibilización y liberalización de los contratos de trabajo, que en una solución radical a los problemas que suponen dichas, cotizaciones sobre la exportación y el empleo.

Los intentos de lograr un compromiso con el Gobierno que permita suprimir las cotizaciones sociales, consideradas desde hace tiempo por empresarios y sindicatos como un impuesto sobre el empleo, tomaron cuerpo al observar el deterioro de las exportaciones en la primera mitad de este año y las perspectivas favorables abiertas para las finanzas públicas por la caída de precios del dólar y del petróleo, así como por la introducción del IVA.

En síntesis, la propuesta se basa en aprovechar estos factores favorables para que el Estado se haga cargo de todo el coste de la Seguridad Social, sin merma de los derechos a pensiones y demás prestaciones que han adquirido o adquirirán en el futuro los trabajadores. Sus promotores aseguran que sería suficiente con aumentar las transferencias estatales a la Seguridad Social en un billón y medio de pesetas. Agregan que esa cifra coincidiría con los mayores ingresos del fisco por la baja del dólar y de precio del petróleo, el aumento de recaudación procedente del IVA y la paulatina desaparición de la economía sumergida.

La fórmula

Si las empresas consiguen verse de golpe liberadas de sus cotizaciones a la Seguridad Social, según las mismas fuentes, no sólo desaparecerá dicho impuesto sobre el trabajo. Como los sectores participantes en el acuerdo consideran que el conjunto de los costes empresariales descendería en más de un 6%, los precios deberían reducirse en la misma proporción. Las empresas podrían así comprometerse a subir los salarios al menos en otro 6%, lo que no sería obstáculo para conseguir una inflación cero. En ausencia de subidas de precios, los aumentos salariales elevarían el poder adquisitivo y el consumo privado en una magnitud similar a la de los salarios. Este empuje, unido al que recibirían las exportaciones -porque las empresas venderían más barato al extranjero-, permitiría esperar tasas de crecimiento económico hoy inusitadas.

Un compromiso de esta naturaleza, siempre según los sectores que participan en su elaboración, atajaría también de raíz la economía sumergida. Esta no sólo merma los ingresos del fisco y de la Seguridad Social, sino que representa una competencia desleal para las empresas que cumplen con ambos, sobre todo en los sectores del calzado y de la confección textil.

Los promotores de la iniciativa mantienen que existe estrecha relación entre el alto nivel español de las cuotas sociales y la gran importancia del paro y de la economía oculta, la cual estiman superior al 6% calculado oficialmente Los empresarios españoles pagan más del 65% de la Seguridad Social -en torno al 100% en el régimen general de la industria-, mientras que los europeos oscilan en un promedio del 43%.

En la CE, los sistemas más baratos para las empresas son el danés, donde pagan el 9,6%, y el irlandés, el 25,1%. Para los informantes, la situación reclama la aplicación de medidas radicales, que tendrían impactos más positivos que el fuerte aumento de las contrataciones causado por la liberalización de los contratos temporales, o que el aumento del consumo derivado de la baja en algunos tipos del impuesto sobre la renta que promovió Miguel Boyer.