El menor coste de los carburantes se dedicado durante el próximo año a reducir el déficit público
Una de las decisiones ya adoptadas por el Gobierno, al debatir el proyecto de Presupuestos del Estado para 1987, consiste en fiscalizar la mayor parte de los beneficios que puedan derivarse de la eventual caída del petróleo y del dólar, con el fin de reducir el déficit público y aumentar la financiación al sector privado. Se mantendrá así la política iniciada este año, cuando sólo un tercio o un cuarto de dichas ventajas beneficiarán a los consumidores. Pero será moderado el fuerte incremento que tendrán en 1986 los impuestos indirectos o sobre el consumo, por dicho motivo y por la implantación del IVA.
En el proyecto de Presupuestos del Estado para 1987, que ha sido debatido en varías ocasiones por el Consejo de Ministros, la última vez el pasado viernes, todavía no han sido concretadas las principales partidas, según fuentes gubernamentales. Desde antes del verano existe un esquema de -trabajo muy aproximado a lo que resultará finalmente, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de los escenarios macroeconómicos. Dentro del mismo quiere encajar las pretensiones de los diversos ministerios, para lo cual tendrá que modificar unas partidas al alza y otras a la baja.Las prioridades definidas hasta el momento no parecen muy explícitas en este sentido. Por lo que ha trascendido hasta ahora, el Ejecutivo ha descartado el objetivo de los tres cuatros, debido a que no considera razonable la pretensión de lograr un crecimiento económico del 4%, expresada en algunas esferas del mismo. Incluso hay cierto pesimismo sobre: el 3,5% al que aspira actualmente. Sí ha reafirmado el propósito de reducir la inflación hasta un 4% a finales de 1987, lo que implicará el alinear los salarios y las pensiones con dicha magnitud. También ha considerado irrenunciable que el déficit de caja quede en un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) al terminar 1987, medio punto menos que en 1986.
Junto con estas prioridades, han sido confirmadas otras dos: incrementar la oferta de bienes y servicios a través de un aumento notable de la inversión pública, sacrificada por los tres últimos presupuestos, y desacelerar el ritmo expansivo de la presión fiscal. En la inversión real, que podría ser negociada en septiembre con sindicatos y empresarios dentro de las conversaciones para la concertación social, el incremento rondará el 10%.
Respecto a la presión fiscal, y antes de decidirse sobre la eventual simplificación de la tabla del impuesto sobre la renta -que implicaría una baja de la mayoría de los tipos-, el Consejo de Ministros ha expresado la necesidad de fiscalizar la mayor parte de los beneficios obtenidos por la baja de los precios del petróleo y la caída del dólar. Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda han recordado que esta política ha sido aconsejada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la finanalidad de reducir el déficit público y de permitir así una mayor financiación al sector privado.
En la hipótesis de que la recaudación por impuestos directos crezca en tomo al 13%, la mitad que en 1986, y los directos y cotizaciones sociales aumenten el 8%, los cuadros monetarios manejados por el Ministerio de Economía apenas dejaban para el crédito al sector privado un aumento del 6%, considerado insuficiente para que la inversión privada crezca por encima del 7%. Estos cuadros parten de que el dinero disponible por el con junto de la economía, medido por los activos líquidos en manos del público, se sitúen al final de año en un crecimiento del 8%, casi cuatro puntos inferior al esperado para el presente año.
