Un ministro y un director general participaron en los contactos con el intemediario de Txomin Iturbe

Un ministro y un director general, al menos, participaron personalmente entre marzo y julio pasados en las conversaciones con el intermediario de Txomin Iturbe, antes de que éste fuera expulsado de Francia y deportado a la República de Gabón. El director general, que al igual que el ministro pertenecía a la anterior Administración de Felipe González y que continúa en la actual, fue quien pidió al intermediario de Iturbe el establecimiento de los contactos. Esta misma persona celebró la primera reunión con el representante del considerado máximo dirigente de ETA en un establecimiento público de la capital de España.

En cuanto al ministro participante en las conversaciones, mantuvo al menos dos entrevistas con el intermediario. La primera de las reuniones se celebró en madrid, también en un establecimiento público; y la segunda, fuera de la capital, en un punto señalado por el representante gubernamental, que fue quien concertó la cita. Luego, sin embargo, la conversación se celebró en un lugar distinto al acordado.La participación de altas personalidades del gobierno en los contactos con Txomin Iturbe a través de un intermediario hizo confiar a quienes conocían la existencia de los contactos en la viabilidad del diálogo, en el que, al parecer, llegó a considerarse la posibilidad de que un alto cargo del gobierno central viajara fuera de España, tras la salida de Iturbe de la prisión de Gradignan (Burdeos), para comenzar los contactos directos. En ese momento, el intermediario que había aceptado servir de portavoz a los puntos de vista del dirigente etarra se retiraría de las conversaciones.

Por otra parte, dos personalidades relevantes del partido nacionalista vasco (PNV), un experto en relaciones internacionales y un alto cargo del gobierno de vitoria, vinculado al congejero de Interior, Luis María Retolaza, viajaron en varias ocasiones a París para solicitar a las autoridades francesas que no deportaran a Iturbe y que le concedieran un plazo de tres semanas.

El propio Txomin Iturbe había reclamado este espacio de tiempo para poder comunicar con la organización y conseguir su asentimiento.

Retolaza también participó en las gestiones. Telefoneó al ministro del Interior, José Barrionuevo, cuando la deportación parecía inminente, y le pidió que influyera para retrasarla. Fue él precisamente quien realizó las declaraciones que sirvieron de detonante a la polémica posterior.

El consejero de Interior, poco amigo de exponer sus criterios en público, mantuvo una conversación con un periodista de la agencia Vasco Press, en la que manifestó que atentados como los dos últimos de ETA en Madrid podrían servir para atraer a gente joven hacia los terroristas.

Retolaza añadía que eta quería negociar, aunque resultara dificil que se aceptase este planteamiento desde Madrid cuando estaban aún recientes la muerte de una decena de jóvenes guardias civiles y el ataque con granadas al ministerio de defensa, y precisaba que el objetivo de los terroristas al endurecer sus atentados en la capital de españa era fortalecer sus posiciones.

El peso de Retolaza

El contenido de estas declaraciones y el hecho de que las hubiera realizado Retolaza, hombre de gran peso en el PNV y responsable último de la policía autonómica vasca, provocó las primeras reacciones críticas de gran dureza en el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y luego en el gobierno central.Las primeras intervenciones corrieron a cargo del vicesecretario del PSE-PSOE, Juan Manuel Eguiagaray. Unas declaraciones del portavoz del gobierno vasco, Eugenio Ibarzábal, en las que dudaba de la eficacia final de la entrega a España de algunos sospechosos de pertenecer a ETA, luego ratificadas por el lendakari, José Antonio Ardanza, merecieron una respuesta del delegado del gobierno central en vitoria, Ramón Jáuregui, que calificó de intolerables las posiciones del ejecutivo autónomo.

La escalada de enfrentamientos continuó con una declaración institucional del Consejo de Ministros que desautorizaba las reticencias del ejecutivo vasco y la intervención personal del presidente, Felipe González, quien preguntó a los partidarios de negociar con eta qué estaban dispuestos a conceder a los terroristas.

El jueves de la semana pasada, el gobierno autónomo vasco replicó con una declaración en la que afirmó que considera inaceptables las manifestaciones hechas por el ejecutivo central y de su presidente y les preguntaba, a su vez, cuándo pensaban acabar con el terrorismo de ETA y qué coste estaban dispuestos a aceptar para conseguirlo.