Sanciones a Suráfrica

LA REUNIÓN de los siete delegados de la Commonwealth para adoptar una línea común de sanciones contra el régimen racista surafricano ha concluido en Londres con un compromiso mínimo, de los que permiten salvar la situación, y a los que tan adepta es la diplomacia británica. El compromiso consiste en que el Reino Unido, que es el primer asociado comercial de Pretoria, adopte medidas largamente simbólicas y la presumible mayoría de los 48 restantes Estados miembros de la Commonwealth siga una línea mucho más dura, aunque de dudosa afectividad, porque su capacidad de retorsión comercial es mucho más discutible. El antiguo club imperial se ha salvado de una escisión -si es que alguna vez estuvo en peligro de ella- un poco porque, aunque nadie sabe exactamente para qué sirve la Commonwealth, nadie tampoco está seguro de que no sirva para nada, y en la duda es mejor mantenerla que otra cosa.El fondo de la cuestión, sin embargo, no es el mantenimiento de una asociación monárquico-republicana, sino el de por qué los dos primeros socios comerciales de Suráfrica, el Reino Unido y Estados Unidos, se resisten a aplicar verdaderas sanciones económicas a Suráfrica.

El gran argumento de la primera ministra británica, señora Thatcher, es el de que las sanciones son imposibles de aplicar. No solamente un verdadero bloqueo comercial sería imposible por la extensión de costa, vía terrestre y espacio aéreo a vigilar, sino que, afirma Thatcher, los más perjudicados serían los Estados que perdieran un comercio que en cualquier caso iban a explotar otros. Ésa es la segunda parte de la argumentación, la de que siempre habrá países que a cara descubierta o por intermedio de variados pabellones de conveniencia surtan a Suráfrica de lo necesario. Paralelamente, la posición del presidente norteamericano, Ronald Reagan, también contrario a las sanciones, en vez de apoyarse en el pragmatismo de la señora Thatcher, aduce razones morales. En síntesis, éstas se reducen a una: la de que en el caso de un embargo comercial contra Suráfrica los más perjudicados serían los propios negros a los que se pretendería ayudar con la medida.

Es indudable que un embargo comercial pleno es inviable, como subraya la primera ministra británica y, lo que es más importante, que causaría daños económicos considerables al Reino Unido, por ejemplo, y, al mismo tiempo, perjudicaría a los intereses occidentales al interrumpir la importación de algunos minerales de importancia estratégica de los que Estados Unidos y la CE compran a Suráfrica. Pero eso no significa que no haya medidas de presión económica que no fueran a sentirse gravemente en Pretoria. Recordemos que cuando la gran banca internacional retiró su confianza a la economía surafricana, el otoño pasado, el régimen de Pieter Botha se apresuró a anunciar medidas suavizadoras del apartheid, el que éstas fueran demasiado poco, demasiado tarde, no niega que el régimen racista sea sensible a la presión económica exterior. Por otra parte, la teoría común a británicos y norteamericanos de que un cerco económico contra Pretoria no haría sino endurecer al régimen y abortar cualquier progreso político, que ambas diplomacias anglosajonas buscan por la vía del diálogo y la persuasión, se desmorona casi sin refutación. El régimen surafricano está ya lo bastante endurecido como para que cualquier escalada de la represión no sea sino más de lo mismo y cause poco espanto a la población negra. Por añadidura, la gran mayoría de los líderes negros surafricanos apoya las sanciones por lo que pare ce innecesario que se decida en Washington lo que va o no a perjudicarles.

Las sanciones, incluso las más benévolas, tienen también un carácter político, que es el sentido que quieren darle aquellos Estados que por su lejanía comercial de Pretoria las tomen únicamente con una inmejorable intención pro forma. Pero, en cualquier caso, lo fundamental es, sin embargo, que la vía del diálogo por sí sola no sólo no ha conducido a ninguna parte, sino que, peor, ha llevado al estado de cosas actual, en el que la represión indiscriminada es todo lo que se le ocurre al régimen afrikaner. La adopción de sanciones es reclamada por la gran mayoría de los líderes negros surafricanos, y la Comunidad Europea, notablemente, ha de demostrar en estos momentos de qué lado se encuentra en el caso de Pretoria. Si Europa aspira a tener un futuro político ha de demostrarlo ahora sabiendo asumir los costes económicos que ello signifique.