'El Nani': desaparecido en Madrid

LA SOLICITUD por parte del juez, Andrés Martínez Arrieta a la Audiencia Provincial de Madrid de que procese a un comisario y ocho inspectores de policía -algunos de los cuales se encuentran también presuntamente relacionados con la mafia policial, denunciada por el joyero y confidente santanderino Federico Venero- es consecuencia de la aparición de nuevos indicios que avalarían las declaraciones del joyero sobre las verdaderas causas de la desaparición, en noviembre de 1983, del presunto delincuente Santiago Corella, el Nani. Según Venero, Santiago Corella falleció en el transcurso de los interrogatorios a que fue sometido en la sede de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, siendo su cuerpo posteriormente enterrado en cal viva en las afueras de la capital. La versión oficial facilitada en su día por la Jefatura Superior de Policía de Madrid aseguraba que el Nani se había dado a la fuga cuando iba a mostrar a varios inspectores el lugar donde había escondido unas pistolas. En resumen, este dramático suceso podría titularse con todo rigor Desaparecido en Madrid.Ahora, al cabo de los meses, la investigación ordenada por el juez ha detectado la manipulación del Ebro de detenidos en la Jefatura Superior de Policía, así como la existencia de una firma falsificada de Santiago Corella en otro documento policial y ha pedido el procesamiento de nueve policías por los presuntos delitos de torturas, falsificación de documentos oficiales, detención ilegal y no acreditación de la puesta en libertad del propio Nani.

Son datos que obligan a algunas reflexiones y a no pocas preguntas, con independencia de la marcha del proceso judicial. Entre ellas, hay que plantearse qué clase de investigación realizaron sobre el caso las autoridades policiales y el propio ministro del Interior. Se indagó detalladamente todo lo ocurrido aquella noche: quién manejó a expertos calígrafos para que falsificaran las firmas en las declaraciones; cómo es posible el silencio de los centenares de funcionarios que sin duda se encontraban esa noche en la Puerta del Sol. Nadie, por el momento, puede ni debe asegurar que el Nani murió en dependencias policiales de la Puerta del Sol, pero ya está demostrado que los mandos de los cuerpos de seguridad nada dijeron -porque callaron o porque nada supieron- de las extrañas falsificaciones de los libros durante la noche del 12 de noviembre de 1983.

Esta paralización oficial, este comportamiento político, exige algunas explicaciones urgentes.

Y todo esto, en el contexto del monumental montaje mafioso denunciado por el joyero Venero, indica que nos encontramos ante un asunto de extrema gravedad. Tanta que, a estas alturas, lo más ligero que puede decirse del ministro Barrionuevo es que no se entera de lo que pasa en su departamento. Las airadas protestas en tiempos pasados de los dirigentes socialistas contra determinadas actuaciones policiales, como los mamporros propinados en el curso de una manifestación al diputado socialista por Santander Jaime Blanco, que fueron objeto de un sonado pleno del Parlamento, se compadecen mal con el silencio ahora observado por el Gobierno, bajo el pretexto de que el asunto se encuentra pendiente de resolución.

De los detalles conocidos de las actuaciones de la llamada mafia policial, cuyo caso más sangriento conocido por el momento es la trágica desparición de el Nani, fruto de investigaciones periodísticas en su mayoría, se deduce que es considerada práctica normal o, en todo caso, habitual de algunos policías la utilización de métodos en sí mismos ilegales, tendentes en teoría a evitar eventuales delitos posteriores. Los chantajes a delincuentes enganchados a la heroína u otras drogas a fin de capturar a otros delincuentes, las promesas de impunidad a cambio de colaboraciones futuras, producirían una escalada de corrupciones con tendencia a ampliarse sin límites. El caso de el Nani, de confirmarse las sospechas que han determinado la petición de procesamiento de esos nueve funcionarios, indicaría hasta qué punto ese peligro es plenamente real.

De ahí que el asunto de la corrupción policial que las declaraciones de Venero han sacado a la luz no puede ser despachado con meras explicaciones hortofrutícolas, como la de la parábola de la manzana podrida en cesto de sanísimos ejemplares: es la credibilidad de la institución policial como tal lo que está en juego.

El director general, Rafael del Río, anunció en su día -después del estallido, por la tenacidad de un juez, del escándalo, y no antes- la apertura de una investigación, al margen de la actuación judicial, cuyos resultados no se han hecho públicos. El silencio de los sindicatos policiales, que como mucho han pedido rutinariamente el esclarecimiento de los hechos, atufá a corporativismo.

Silencio también cuando menos sorprendente de los partidos políticos, que, salvo en el caso de los comunistas, han preferido no rebuscar en el cubo de la basura y ni siquiera han interpelado al Gobierno sobre el asunto. Ahí sí que había un tema serio para poner en aprietos a un Gabinete que se presentó en 1982 como el adalid de la honestidad y ejemplaridad en la Administración pública. Ni siquiera la derecha conservadora, empeñada en una política permanente de desgaste y acoso al Gobierno, pero maniatada por su arcaica concepción de la ley y el orden, ha querido explotar el asunto.

Si los atentados continuados e impunes del comando España ponen en tela de juicio la capacidad y preparación profesional de la policía, el escándalo de la mafia policial pone en entredicho algo más grave: su credibilidad. Y algo se debe resentir en la conciencia democrática socialista si, con independencia de las puras actuaciones judiciales, no se exigen las responsabilidades políticas de un caso como el de el Nani. Precisamente una de las virtualidades del sistema democrático es ésa: la imposibilidad de que existan desaparecidos. O puede que haya que llegar a la conclusión de que el ministro Barrionuevo está ungido de un don especial por el que su incapacidad le va situando progresivamente en el terreno de la no responsabilidad política de la variada gama de desatinos que ha conocido el ministerio bajo su mandato.