El expediente abierto al juez Forteza, pendiente de que se remita desde Valencia el resultado de la investigación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha intensificado su investigación sobre los jueces como consecuencia del "aumento de las denuncias", según el presidente de la comisión disciplinaria, Pablo García Manzano. Tras la expulsión de la carrera judicial de los dos magistrados implicados en la puesta en libertad del mafioso Antonio Bardellimo, entre la media docena de casos más sonados destaca el del juez Guillermo Forteza, cuyo expediente disciplinario no ha podido iniciarse por no haber llegado a la comisión el resultado de la investigación concluida en Valencia el pasado 18 de julio.

Según el presidente de la comisión disciplinaria del Consejo, la investigación ya concluida por el magistrado José Flors, designado instructor para investigar las denuncias formuladas contra el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Guillermo Forteza, de 29 años, no ha llegado al Consejo. Las denuncias se produjeron a raíz de que el 28 de mayo último el juez Forteza ordenara una redada en bares de alterne valencianos, con ocasión de la cual se le responsabilizó del hacinamiento de los más de 100 detenidos, entre otras irregularidades.El resultado de la investigación fue entregado al presidente de la Audiencia Territorial, Carlos Climent, el pasado 18 de julio. El retraso en su envío al Consejo puede conducir a que el probable expediente disciplinario no pueda abrirse hasta septiembre. Según informa Juli Esteve, ayer, como en días anteriores, se produjeron incidentes cuando un grupo de periodistas intentó captar imágenes del polémico juez.

Desde que en octubre de 1985 tomó posesión el nuevo CGPJ resultante de la elección parlamentaria de todos sus miembros, la actuación disciplinaria más destacada ha sido la separación de la carrera judicial de los magistrados Varón Cobos y Rodríguez Hermida, que al parecer han recurrido a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra su sanción, por la vía de la ley sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. La solicitud de que se suspenda la ejecución de la sanción mientras se tramita el recurso no ha llegado al Consejo.

La primera señal del nuevo talante del Consejo se produjo el 5 de noviembre de 1985, pocos días después de la toma de posesión del CGPJ, cuando la comisión disciplinaria inició diligencias informativas en relación con la fuga de uno de los ultraderechistas condenados por el asalto al bar San Bao, de Madrid, que se encontraba en libertad provisional, sin que el Tribunal Supremo, que elevó la condena de cuatro a 18 años de cárcel, tomara la precaución de prevenir la posible fuga. Aunque este caso concreto quedó meses después en el olvido, la actividad general de la comisión disciplinaria ha sido notable.

Un expediente reactivador

El expediente disciplinario abierto a los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid Faustino Mollinedo, de 67 años, y José María López-Asúnsolo, de 58, por presuntas demoras en resolver peticiones fiscales de libertad de presos preventivos, ha tenido ya un efecto positivo, según fuentes judiciales: varias secciones de la misma Audiencia han activado la resolución de las causas con preso. Epifanio Legido, nuevo instructor, en sustitución de Ignacio Sierra, ha tomado ya declaración a los dos magistrados expedientados.Otro expediente disciplinario pendiente es el abierto al titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, Félix Alfonso Guevara, de 30 años, a raíz de una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid formulada en mayo de 1985, por el trato supuestamente incorrecto del citado magistrado a presos, abogados y periodistas. Aunque el instructor de este expediente no redactó pliego de cargos, la comisión disciplinaria del CGPJ le ordenó que lo formulara, extremo que, según su presidente, "no ha sido cumplimentado".

Entre las últimas investigaciones abiertas por la comisión disciplinaria del Consejo figura la relativa al titular del Juzgado de Instrucción de Melilla, José María Treviño, de 66 años, acusado de dar un trato desfavorable "por motivos políticos" al colectivo de musulmanes de aquella ciudad.

La investigación se ha ampliado al titular del Juzgado de Distrito de Melilla, Ángel Gallego Hernández, de 63 años, por la denuncia de irregularidades en relación con los expedientes de nacionalidad.

No hay voluntad represiva

García Manzano explicó a este periódico que la creciente actuación de la comisión disciplinaria del Consejo no se produce "por una voluntad represiva, sino como consecuencia del considerable aumento de las denuncias y la obligación del Consejo de comprobar si las irregularidades se han producido realmente y actuar en consecuencia".Una novedad respecto a la actuación del anterior Consejo, consiste en no silenciar la actuación disciplinaria. Recientemente, el pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó una petición de la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria en la judicatura, en el sentido de que no se diera publicidad a las diligencias informativas o expedientes disciplinarios contra magistrados hasta que no se encuentren resueltos.

El CGPJ contestó que "dicha pretensión no es acorde con el principio de transparencia informativa y de libertad de información que presiden los actos del Consejo" y que, por otra parte, es "una garantía más para los implicados".