300 detenidos en Chile durante el desalojo de las facultades universitarias ocupadas
La tensión se mantiene en Chile tras la huelga general del 2 y 3 de julio pasado. En la tarde de ayer fueron detenidos más de 300 universitarios mientras la última edición de la revista opositora Análisis fue requisada y el director de la publicación, el periodista Juan Pablo Cárdenas, fue arrestado.La oposición ha sido capaz de presionar al régimen del general Augusto Pinochet, pero sin lograr una coordinación de sus acciones La policía ingresó ayer en dos campus universitarios para desalojar a los estudiantes que los habían ocupadado en la mañana del día 29.
También actuó la policía contra la revista Análisis que, en su última edición, había titulado: Pinochet, solo. Mientras el periodista Cárdenas quedó detenido, otros 28 colaboradores de la publicación fueron interrogados, acusados de injurias contra el general Pinochet.
La mordaza que el Gobierno está aplicando a esta revista coincide con el debate público que hay sobre el caso de los dos jóvenes quemados vivos por militares, según testigos. Fuentes de Derechos Humanos dijeron anoche que algunos obispos chilenos pudieron ver una filmación en que los testigos civiles del caso daban a conocer su versión de los hechos.
El obispo de Punta Arenas, Tomás González, dijo: "La filmación demuestra quiénes fueron los culpables y por eso no tenemos miedo. Queremos que sea la verdad la que se imponga y por ello nos preocupamos de levantar nuestra voz". La revelación del obispo estremeció a los medios judiciales. Según los testimonios, los jóvenes Rodrigo Rojas y Carmen Quintana fueron capturados por una patrulla militar, rociados con combustible y luego quemados. Rojas murió cinco días después y la universitaria Quintana ha sobrevivido a ocho operaciones, con el 60% de su cuerpo quemado.
Ayer, el pleno de la Corte Suprema, reunido en forma extraordinaria, "deploró" las críticas del cardenal Juan Francisco Fresno al fallo que dejó en libertad a 24 de los 25 militares detenidos por el caso de los jóvenes quemados y en que un juez civil se declaró incompetente, pasando los antecedentes a la justicia militar. Fresno había dicho que el caso "no puede ser otro más que quede en la oscuridad y en la impunidad".
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