Objetivo: reformar la Administración periférica

La reforma de la Administración periférica, el cambio funcional u orgánico de los Gobiernos Civiles, va a ser uno de los principales objetivos a conseguir por el nuevo Gobierno socialista. La Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Interior tienen ideas; distintas sobre el protagonismo, los plazos; y el alcance de esta reforma, para ambos orientada a adecuar al nuevo mapa autonómico y local la responsabilidad estatal y gubernamental en las provincias.La elaboración y aplicación de esta modificación de los Gobiernos Civiles, así como su adscripción al área de Presidencia del Gobierno, puede ser encomendada al futuro ministerio de Administraciones Públicas, de prosperar el proyecto que desde finales de 1983 manejan el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y su equipo de asesores del área institucional.

El superministerio de Administraciones Públicas recogerá inicialmente las competencias del departamento de Administración Territorial y nacerá con el designio de convertirse en el organismo coordinador de la Administración central con las Administraciones autonómicas. Asimismo, se hará cargo de la mayor parte de los servicios administrativos que la Administración central despliega, incluidos los institucionales.

A grandes rasgos, dos son los proyectos de reforma de la Administración periférica que coexisten en estos momentos. Ambos persiguen fortalecer la presencia y el poder de relación de la Administración central con las demás Administraciones en las demarcaciones provinciales. El primero, más trabado, consiste sustancialmente en adecuar los cometidos de los Gobiernos Civiles al nuevo mapa estatal derivado de la culminación casi completa del proceso de transferencias competenciales a las comunidades autónomas, mediante su inserción en el futuro superministerio. Ello implicaría la atracción hacia la esfera directa de Presidencia del Gobierno del control y la coordinación de una parte de las competencias de los Gobiernos Civiles, aquellas que se refieren a la responsabilidad administrativa que los gobernadores ejercen, por ley, en las provincias.

El segundo proyecto se orienta a atraer hacia el área del ministerio del Interior las relaciones con la Administración local, tras haber quedado cancelada por la ley de Régimen Local la tutela que los Gobiernos Civiles ejercían sobre las corporaciones municipales, hoy circunscrita al control de la legalidad de aquéllas. Este segundo proyecto, de carácter continuista, plantearía la conservación del control de los Gobiernos Civiles bajo la responsabilidad política del ministerio del Interior.

Si se elige el primer proyecto y su aplicación se asigna a Presidencia del Gobierno, el ministerio de Administraciones Públicas será realmente un superministerio, quedando Interior convertido objetivamente en un ministerio de Policía. Si se elije el segundo modelo, Interior saldrá muy fortalecido.