Muchos ayuntamientos se encuentran al borde de la suspensión de pagos

Los ayuntamientos cuando apenas han transcurrido tres años desde la última operación de saneamiento de sus haciendas (el Estado se hizo cargo de sus déficit acumulados hasta 1983 y absorbió deudas por valor de 147.000 millones de pesetas) se encuentran de nuevo al borde de la suspensión de pagos. El agotamiento de la anterior legislatura sin que se aprobase un sistema de financiación municipal y la importante pérdida de votos por el PSOE el 22 de junio en bastantes de los ayuntamientos gobernados por sus militantes agravan aún más la situación y el nerviosismo que embarga estos días a muchos de los alcaldes socialistas.

Representantes de ayuntamientos, diputaciones y cabildos, que triplicaron su déficit en 1985 sobre el ejercicio precedente (oscila entre 40.000 y 45.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones), se reunirán en las próximas semanas para establecer una estrategia conjunta. Con ella pretenden forzar a la Administración central a que se haga cargo del importe de las devoluciones por recargos municipales sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que superan los 6.000 millones de pesetas, y por los incrementos registrados en los últimos ejercicios en la contribución rústica y urbana, cuyo monto global se desconoce en la actualidad, pero que en ningún caso será inferior a los 100.000 millones de pesetas.La Comisión de Grandes Ciudades, con igual tema de discusión, también tiene previsto reunirse en las próximas semanas.

La declaración de inconstitucionalidad sobre los recargos del IRPF, que se produjo en los últimos días de diciembre del pasado año, y la relativa al incremento de los tipos impositivos de la contribución territorial y urbana, que con toda probabilidad se hará pública por el Tribunal Constitucional el próximo mes de septiembre, coloca a gran parte de los municipios españoles en una posición semejante a la de suspensión de pagos. Rememorando el refrán "las desgracias nunca vienen solas", fuentes municipales señalan que estas sentencias llueven sobre mojado: se han producido en un ejercicio en el que, entre otras cosas, se han congelado las trasferencias, del Estado a las corporaciones locales y se ha implantado el impuesto sobre el valor añadido, (IVA), que ha supuesto costos y detracciones en la financiación de estas administraciones.

La Administración central, que hasta el momento se ha negado a sufragar directamente estas devoluciones por recargos impositivos, ha comenzado a remitir ahora, seis meses después de la sentencia del alto tribunal, las cantidades indebidamente recaudadas en las liquidaciones del IRPF. Altos cargos de Economía y Hacienda han repetido una y otra vez que aunque la devolución la asuma instrumentalmente la Administración central, el monto de los recargos se imputará a los ayuntamientos que los impusieron en su día y que resultaron beneficiados por los mismos. Las devoluciones se descontarán de las dotaciones correspendientes a los municipios en los Presupuestos Generales del Estado.

Los representantes de las corporaciones locales, fuertemente endeudadas, sostienen que ellos se han limitado a aplicar la legalidad vigente y que, por tanto, no son responsables de la inconstitucionalidad de su contenido ni de las consecuencias financieras de este hecho. Aseguran que quien se equivocó fue el Gobierno, en primera instancia, al redactar el proyecto, y el Parlamento, en último término, al aprobar la ley.

La previsible y próxima declaración de inconstitucionalidad para los recargos introducidos por los ayuntamientos en los tipos de contribución territorial y urbana, a la vuelta de vacaciones, agrava aún más el problema de financiación de los municipios y la controversia entre la Administración central y los ayuntamientos.

La idéntica filiación partidaria de la mayor parte de los alcaldes de las grandes ciudades y el Gobierno -unos y otros pertenecen al PSOE- ha impedido a los representantes de los municipios una utilización crítica, ante la opinión pública, de los incumplimientos del Ejecutivo en sus compromisos legislativos y financieros sobre las administraciones locales y la explotación a fondo de los graves errores constitucionales -los de mayor importancia cometidos por el Gobierno desde la aprobación de la ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA.)- de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales.

La postergación de cualquier nuevo sistema de financiación ha aplazado la solución a este problema, que ya en enero pasado era calificado de "catástrofe" en Economía y Hacienda. En septiembre deberán negociar de nuevo con el Gobierno la cuantía del Fondo Nacional de Cooperación Municipal dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 1987, al no existir ley de financiación municipal, y convencer a la Administración central para que desista de su intención de descontarles de dicho fondo las devoluciones reseñadas por el IRPF y por la contribución territorial y urbana.

Temor al CDS

La perspectiva de medidas de presión de los alcaldes de las grandes ciudades contra el Gobierno en estas negociaciones, tras la pérdida de votos socialistas en sus municipios en las últimas elecciones legislativas, son mínimas. Un enfrentamiento público sobre la situación financiera de los ayuntamientos es prácticamente impensable a unos meses de la convocatoria de las elecciones municipales. Restaría credibilidad y votos a las listas del PSOE, obligaría al partido gubernamental a pedir responsabilidades a sus alcaldes por la pérdida de respaldo popular el 22 de junio e incluso a sustituirlos en las nuevas candidaturas, y favorecería de forma evidente al Centro Democrático y Social (CDS), que tras las elecciones legislativas constituye el gran temor de los socialistas.