La sentencia del Tribunal Supremo norteamericano contra la sodomía afecta también a los heterosexuales

La revolución conservadora de Ronald Reagan ha entrado en los dormitorios con la polémica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que falló, el pasado lunes, que la Constitución no protege las relaciones homosexuales entre adultos, ni siquiera en la intimidad de sus casas. La decisión, alcanzada por una mayoría de cinco contra cuatro, no se refiere específicamente a las relaciones heterosexuales, pero tampoco confirma la protección constitucional al sexo oral o anal entre hombres y mujeres, lo que pone en duda la legalidad de una práctica comúnmente practicada por entre un 70% y un 90% de norteamericanos. La sentencia, que establece, que el derecho a la intimidad protegido implícitamente por la Constitución no se extiende a las actividades homosexuales, ha sido calificada de desastre por los grupos gay, que hablan de una caza de brujas.

La sentencia, aplaudida por los sectores ultraconservadores, es un duro golpe para el avance de los derechos de los homosexuales en Estados, Unidos (grupos gay, se manifestaron ayer en varias ciudades norteamericanas), y uno de sus portavoces afirmó que éste es un caso similar al de Dred Scott, cuando, en 1857, el Supremo confirmó la esclavitud y falló que los negros no eran ciudadanos.El reverendo Jerry Falwell, líder de la mayoría moral, se felicitó, por el contrario, de la sentencia, que reconoce el derecho a los Estados de determinar sus criterios morales y emite una clara declaración de que "la conducta moral pervertida no es una práctica aceptada" en el país. "Es una grosera invasión de los derechos a la intimidad de todos los norteamericanos, al permitir el Supremo a los Estados criminalizar la conducta de millones de ciudadanos (casados, no casados, homosexuales o heterosexuales), aunque estos adultos lleven a la práctica su sexualidad en la intimidad de sus dormitorios", afirmó, por su parte, el fiscal general del Estado de Nueva York, Robert Abrams.

El Tribunal Supremo, que acaba de ser reformado por Ronald Reagan para reforzar su tendencia conservadora, falló que los Estados tienen el derecho de prohibir actos homosexuales. Los nueve jueces declararon la constitucionalidad de una ley del Estado de Georgia que considera un delito, penado hasta con 20 años, la sodomía entre hombres o mujeres.

Un camarero de 23 años, llamado Michael Hardwick, fue sorprendido por la policía, que iba a entregarle una multa, el 3 de agosto de 1982, en su dormitorio, realizando sexo oral con otro hombre. Ambos fueron detenidos y se les aplicó la ley contra la sodomía. Hardwick apeló afirmando que la citada ley violaba sus derechos de intimidad, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Un tribunal de apelaciones del Estado falló que la ley contra la sodomía de Georgia es inconstitucional.

Pero el Supremo ahora casa esta sentencia y rechaza la opinión de "que cualquier tipo de conducta sexual privada entre adultos, por mutuo consentimiento, está constitucionalmente aislada de la prohibición por un Estado. Esto no es defendible", el derecho a la intimidad "no va tan lejos". "Estamos en contra de anunciar un derecho fundamental a practicar la sodomía homosexual", afirmó, en su opinión, el juez Byron White.

El distrito de Columbia (donde está la capital de EE UU, Washington) y otros 24 Estados, fundamentalmente en el Sur y en el Oeste del país, tienen leyes que prohíben la sodomía ["concúbito entre varones o contra el orden natural", según la definición del diccionario de la Real Academia Española, o "copulación carnal contra natura", para la enciclopedia Laroussel. Diecinueve de esos Estados prohiben la sodomía cometida también por personas de distinto sexo.

La Constitución no menciona específicamente el derecho a la intimidad, que está, sin embargo, implícito en la declaración de derechos de EE UU. Pero hasta ahora, el Supremo, desde una sentencia de 1965, protegía el derecho a la intimidad de las parejas casadas y esta jurisprudencia había servido para legalizar el aborto, en 1973, y para proteger la actividad privada de los homosexuales. La ley de Georgia, declarada ahora constitucional, no distingue entre la actividad homosexual o heterosexual.

"Leyes inconstitucionales"

La opinión mayoritaria del Supremo (firmada por su presidente, Warren Burger, el presidente designado, pero aún no confirmado por el Senado, William Rehnquist, la única mujer magistrada, Sandra O'Connor, Byron Ehite y Lewis Powell) no quiso fallar en la sentencia si la Constitución protege a las parejas casadas y a otros heterosexuales de las leyes contra la sodomía.

Sin embargo, el juez Stevens, quien junto con los magistrados Harry Blackmun, William Brennan y Thurgood Marshall, disintió de la mayoría, afirmó que "estas leyes son inconstitucionales con respecto a los heterosexuales". En la práctica, la legislación de Georgia y otros Estados contra la sodomía no ha sido aplicada a los heterosexuales, pero esta sentencia del Supremo sugiere que podrían serlo. Estas relaciones estaban protegidas por el derecho a la intimidad. En el caso de homosexuales son muy raros los procesamientos por sodomía y casi no se han producido en casos de heterosexuales.

El juez Blackman, que votó en contra de la mayoría, leyó en público, algo inusual, su opinión contraria, y advirtió que este caso no es acerca de si es lícita la sodomía homosexual, sino que se refiere al "más completo de los derechos y el derecho más valorado por los hombres civilizados, el derecho a ser dejado en paz". El magistrado recordó también que, a pesar de "una casi obsesiva insistencia en actividad hemosexual por una mínima mayoría del tribunal, la ley de Georgia también cubre la actividad heterosexual".

La sentencia establece que las justificaciones para mantener el derecho a la intimidad para los heterosexuales no se aplican a la conducta homosexual. "No ha sido demostrada ninguna conexión entre la familia, el matrimonio o la procreación, por un lado, y la actividad homosexual".