Un juez ordena la detención de tres policías por su presunta participación en la desaparición de 'El Nani'

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ordenó ayer la detención de los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía Francisco Aguilar González, Francisco Javier Fernández Álvarez y Victoriano Gutiérrez Lobo, presuntamente implicados en la desaparición del delincuente habitual Santiago Corella Ruiz, el Nani tras su detención en Madrid el 12 de noviembre de 1983. Dos de estos policías habían sido suspendidos de empleo y sueldo en mayo pasado por su presunta implicación en una denuncia de corrupción hecha por un joyero de Santander.

Uno de los policías, cuya detención ordenó el juez, fije arrestado el lunes en su domicilio en Madrid y sobre los otros dos pesa una orden de busca y captura en todo el territorio nacional.La nota de la Dirección General de Policía, señalaba textualmente: "En virtud del sumario 18/85-A, en el día de ayer [lunes], el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, ordenó la detención de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Aguilar Fernández, Francisco Javier Fernández Álvarez y, Victoriano Gutiérrez Lobo, que se encontraban suspensos de empleo y sueldo por esta Dirección General de la Policía, lográndose la detención del primero de ellos, no habiéndose localizado a los otros dos reseñados por encontrarse fuera de su domicilio, por lo que se ha ordena do su busca y captura en todo el territorio nacional. El funcionario detenido se encuentra detenido en una dependencia policial, en calidad de incomunicado, y a disposición del Juzgado que ordenó su detención". El policía detenido, Francisco Aguilar González, estaba destinado en la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid. Los otros dos agentes, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y el inspector Victoriano Gutiérrez Lobo, que no han sido localizados y sobre los que pesa una orden de busca y captura, están implicados en el presunto caso de corrupción policial denunciado por el joyero de Santander Federico Venero, que les acusó de participar en atracos, tráfico de armas y joyas en Madrid, Santander y Bilbao.

Venero, propietario de la joyería Rubi, en su denuncia contra siete policías presuntamente implicados en el caso, y sobre el que hay abierto un sumario en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, declaró que Santiago Corella El Nani detenido en Madrid en noviembre de 1983, murió de un infarto en un interrogatorio y fue enterrado en Vicálvaro, y fueron cubiertos sus restos con cal viva.

Como consecuencia de esa denuncia, el Ministerio del Interior ordenó el pasado 13 de mayo la retirada de la placa y el arma reglamentaria al comisario y a los inspectores presuntamente implicados.

Javier Fernández Álvarez desempeñaba hasta su detención el pasado mes de mayo el cargo de Jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial de Bilbao. Fernández Álvarez tiene 46 años y lleva 18 años en la policía. Hasta el año pasado estuvo destinado en Madrid, donde mandaba uno de los grupos antiatracos. Tras aprobar las oposiciones a comisario, con el número uno, fue destinado al País Vasco.

Victoriano Gutiérrez Lobo, el otro agente sobre el que pesa una orden de busca y captura, era jefe del grupo antiatracos número 1 de la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid hasta su suspensión hace unas semanas. Tiene 35 años y según una reciente información publicada en Cambio 16, cuenta con un gran número de felicitaciones por sus servicios, entre ellos el haber esclarecido el robo a Banesto llevado a cabo por siete delincuentes el 13 de enero de 1985.

Llegar hasta el final

Tras las revelaciones del joyero santanderino, la cúpula policial adoptó la decisión de investigar en profundidad tales denuncias y llegar hasta el final en el escándalo. En este sentido, el pasado 20 de mayo, poco después de que se hicieran públicas las denuncias, se reunió en la sede de la Dirección General de la policía, en Madrid la llamada Junta de Mandos de la Policía, teniendo como único tema de discusión las presuntas corrupciones policiales.

Tras esta reunión, el jefe de la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid, Emilio Ballesteros, presentó su dimisión al director general de la Policía, Rafael del Río. Algunos de los comisarios y policías implicados en esos supuestos casos de corrupción en Madrid, Santander y Bilbao habían dependido hasta hacía poco tiempo de Ballesteros.