Más de 58.000 personas reclaman las indemnizaciones que deberá pagar la comisión liquidadora de seguros
Unas 58.000 personas han reclamado las indemnizaciones a las que deberá hacer frente la comisión liquidadora de entidades de seguros. Para empezar a pagarles, los liquidadores esperan un decreto que ha sido enviado al Consejo de Estado. La lista de compañías en proceso de disolución forzosa e intervenida va por las 51. En conjunto, según el primer balance oficial, tenían 1,2 millones de clientes, 10.000 millones de pesetas de ingresos anuales y 1.400 trabajadores.
Fuentes de la comisión liquidadora, que hasta ahora no ha pagado una sola peseta a los afectados por la crisis de algunas compañías de seguros, han justificado las demoras en el intento de mejorar las indemnizaciones. La aplicación del decreto-ley que puso en marcha el proceso de saneamiento del sector, hace casi dos años, iba a significar en los primeros casos unas indemnizaciones ridículas en relación con lo reclamado. Para elevarlas, la comisión decidió promover nuevas normas que no han terminado de salir.A la espera del nuevo decreto, los liquidadores han procedido al rescate de los registros contables de las compañías, a la formalización de los balances, a su auditoría e incluso a buscar a los clientes con derecho a indemnización mediante anuncios en los periódicos. En estos trabajos dicen haber encontrado muchos obstáculos, porque algunas compañías estaban cerradas y tenían desde hace años sus documentos desperdigados. Pero ya disponen de los primeros datos sobre la importancia de las compañías sometidas a liquidación.
De las 51 aseguradoras que han sido encomendadas a la comisión hasta el momento, las 32 primeras en las que están terminadas las cuentas tenían suscritas con su clientela 1.184.850 pólizas o contratos de seguros. De todos los clientes, 57.778 han reclamado indemnizaciones por haber sufrido siniestros.
La mayoría de esas 32 compañías se dedicaba al ramo de automóviles. En conjunto reunían unos ingresos anuales de 9.692 millones de pesetas, fruto de las primas recaudas entre su clientela. Tenían 1.344 trabajadores.
La aseguradora cuyos clientes han formulado mayor número de reclamaciones -unas 20.000- ha sido Esfera Chafa, que había extendido 316.000 pólizas. Asimismo, Esfera Aseguradora, con otras 18.303 pólizas, ha sido objeto de 8.000 reclamaciones. A continuación están Cosefisa, con 7.175 reclamaciones entre 109.000 pólizas; Mundial, que ha suscitado 6.125 reclamaciones y tenía 30.000 pólizas; Neptuno, con 5.000 reclamantes, y Valsem, con 3.500. Las Quince Regiones ha tenido 1.984 siniestros por pagar. Magerit y Sersa han provocado 1.500 y 1.100 reclamaciones, respectivamente. Con menos clientes en la estacada aparecen Ceseguro (800), Hesperia (620) Ártica (600), Astúrica (300), Eurofensa (316) y La Providence (200).
"Sin problemas"
Según fuentes de la comisión, no existe problema económico alguno que impida iniciar los pagos. Para esta eventualidad, y en general con el fin de atender a los gastos de todo el proceso de saneamiento por liquidación del sector de seguros, el decreto-ley aprobado hace casi dos años arbitró un recargo que deben pagar los suscriptores de cualquier póliza de seguros, excepto del ramo de vida. Estos recursos, evaluados para 1986 en unos 2.500 millones de pesetas, ha de transferirlos cada compañía en actividad al Consorcio de Compensación de Seguros, que anticipa a la comisión liquidadora los fondos necesarios para funcionar. Ésta ha gastado hasta ahora 343 millones de pesetas y ha ingresado 783 millones (11 en 1984, 493 en 1985 y 278 en los cinco primeros meses de 1986).Las demoras en el inicio de los pagos han sido atribuidas al intento de elevar su cuantía y a la lentitud de los trámites administrativos. El decreto-ley inicial señalaba que los afectados por la liquidación de una aseguradora percibirían en proporción al haber líquido que resultara de su balance. Pero algunos de los primeros balances terminados arrojaban que las indemnizaciones eran del 10% o 15% sobre lo reclamado. Y en pesetas deterioradas por la inflación de varios años. Con el fin de paliar este problema sin tener que sacar una disposición que exigía rango legal, la comisión promovió -a través del Ministerio de Economía y Hacienda- diversas modificaciones en la ley de Presupuestos del Estado para 1986. Estas nuevas normas han tenido que ser desarrolladas por un decreto que, aparte de ser tramitado por la Administración, necesita dictamen del Consejo de Estado, al que han sido enviadas hace varias semanas.
Fuera obstáculos legales
En síntesis, el decreto mejorará las indemnizaciones al introducir factores que permitirán valorar mejor el activo de las aseguradoras liquidadas. El principal será dar provisionalmente como buenos los créditos de dudoso cobro, lo que evitará el efectuar las provisiones legalmente exigidas. Otro consistirá en tasar los bienes de las aseguradoras por el valor que resulte en cada caso superior, al poder elegir entre el de mercado o el contable. Para que los primeros en cobrar sean los clientes, también habrá posibilidad legal de saltarse la obligada preferencia entre los acreedores: hipotecarios, fiscales, etcétera.Según un portavoz de la comisión liquidora, que reiteró la disposición de empezar a pagar desde el momento en que sea promulgado el decreto, el procedimiento seguido tiene algunos antecedentes. Es muy similar al trato que ha dado a los activos ficticios el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. En caso de que el cierre final del balance atribuya a los clientes unos derechos inferiores a los que permitirá el nuevo decreto, las pérdidas correrán por cuenta de la comisión. De los recargos que pagan todos los asegurados.
