España estudia la adopción unilateral de sanciones económicas a Suráfrica

Las autoridades surafricanas impusieron ayer el toque de queda, desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la mañana, en todas las ciudades negras de la región de Port Elizabeth, en el sur del país. Las aproximadamente 3.000 detenciones practicadas desde la implantación del estado de emergencia, hace nueve días, han suscitado huelgas de solidaridad, mientras siguen produciéndose víctimas mortales. El presidente del Consejo Nacional Africano, Oliver Tambo, ha pedido al mundo que adopte sanciones económicas contra Pretoria si quiere evitar "un baño de sangre". España está dispuesta a adoptar unilateralmente represalias económicas.

El Gobierno español agotará todas las posibilidades para que haya "una acción conjunta europea" contra Pretoria, según el ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, pero, de no llegarse a ningún acuerdo comunitario, España adoptará "medidas unilaterales". Tales sanciones se ceñirían al campo comercial.En Suráfrica, mientras tanto, siguen adoptándose medidas represivas. El Gobierno del presidente Pieter Botha impuso ayer el toque de queda en 13 distritos del este de la provincia de El Cabo, entre ellas Port Elizabeth y Uitenhague. También prohibió utilizar camisetas u otra indumentaria con consignas o siglas de las 47 organizaciones antiracistas.

Las cifra de 3.000 detenidos, adelantada por dos religiosos germanos el miércoles, ha sido confirmada por grupos interesados en derechos humanos y por Oliver Tambo, presidente del Congreso Nacional Africano.

Las sanciones que reclaman Tambo y otros activistas antiapartheid parecen tener pocas posibilidades de lograr el apoyo de las potencias occidentales. La Cámara de Representantes norteamericana aprobó el miércoles una ley muy dura -incluye la suspensión de las actividades de empresas de Estados Unidos en África del Sur y prohíbe las importaciones del país africano-, pero precisamente por su dureza tiene pocas posibilidades de ser asumida por el Senado. En última instancia, Ronald Reagan tiene su derecho de veto y la Casa Blanca ya ha manifestado su oposición a sanciones "de castigo".

El Parlamento alemán occidental acordó ayer delegar la decisión de sancionar a Suráfrica a la cumbre comunitaria del día 26 en La Haya. En el debate, el ministro de Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, dijo que hay que conseguir un clima de diálogo entre todas las fuerzas surafricanas.