El Gobierno aragonés afirma que los estatutos de la CAZAR no se ajustan a la ley

Los nuevos estatutos de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR), aprobados por la asamblea general el pasado sábado, vulneran varios artículos de la ley de cajas y del decreto sobre órganos rectores de dichas entidades, según los servicios jurídicos del Gobierno aragonés. En la votación, se abstuvieron los alcaldes socialistas de Zaragoza y Huesca, Antonio González Triviño y Enrique Sánchez Carrasco, respectivamente. El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autónomo, José Antonio Biescas, manifestó ayer en una conferencia de prensa que remitirá un oficio a la CAZAR para que convoque una nueva asamblea general y adapte los estatutos a la normativa vigente.Varios son los apartados que no se ajustan a la ley y al decreto aprobado por el Gobierno aragonés el pasado 20 de mayo. Los estatutos aprobados por la CAZAR señalan que el cargo de presidente será. "honorífico y gratuito", mientras que el decreto pretende que tenga dedicación exclusiva "al servicio de la caja de ahorros cuando la dimensión económica de ésta lo exija".

Además, los estatutos pretenden prolongar por un año el mandato del actual presidente, Fernando Almarza y Laguna de Rins, y del secretario general de la entidad, José Enrique González Simarro; limita a dos los consejeros que representarán al Ayuntamiento de Zaragoza, y se recoge la necesidad de que el actual consejo de administración dé el visto bueno al nombramiento de un representante de la comunidad autónoma en la comisión de control.

El Gobierno aragonés sí ha recibido los estatutos de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), que a excepción del porcentaje que ha de otorgarse a la entidad financiera se ajustan a la ley y al decreto. La diferencia está en que la CAI estima que su entidad fundadora fue la Iglesia -en realidad fue Acción Católica-, y por, tanto le corresponde casi un 20%, y no el 11 % que le asigna la ley. El consejero Biescas confia en que éstos sean modificados antes del próximo 9 de septiembre, fin del plazo para que el Gobierno autónomo apruebe los estatutos.

Biescas manifestó que uno de los objetivos de la democratización de los órganos rectores de las cajas es que "no vuelvan a repetirse situaciones como la que llevaron al Banco de España a expedientar al consejo de la CAZAR". El consejero no precisó cuándo se conocerá la resolución final de dicho expediente, aunque matizó que será antes de que concluya el proceso democratizador de las cajas. Otras fuentes señalaron que se confirma la sanción de 15 millones de pesetas propuesta por el Banco de España al director general de la CAZAR, José Joaquín Sancho Dronda.