España se opone a que la CE fije topes a las ayudas públicas para los astilleros

España formuló ayer objeciones al, informe de la Comisión de la Comunidad Europea (CE) tendente a fijar un tope a las ayudas públicas concedidas a los astilleros del viejo continente para permitirles competir con los de Japón y Corea del Sur. Las observaciones españolas fueron tomadas en consideración con objeto de no dificultar la reestructuración en marcha del sector naval.

En su intervención ante los ministros de Industria de los doce, reunidos ayer en Luxemburgo, el comisario Peter Sutherland se pronunció por la introducción, a partir del próximo mes de enero de 1987, de una sexta directiva más rígida que reduzca drásticamente las subvenciones a la construcción naval en la Comunidad Europea, que el año pasado alcanzó tan sólo dos millones de toneladas, el nivel más bajo desde que comenzó la crisis. En los últimos 10 años, la producción de los astilleros etiropeos ha disminuido en tomo al 60%.

Como los buques menos competitivos con los fabricados en Japón o Corea del Sur son también los menos sofisticados -petroleros, cargueros de transporte general, encétera-, la fijación de un límite homogéneo a las ayudas estatales obligaría a renunciar a producir determinados tipos de barcos, que son justamente los que generalmente suelen ser botados por los astilleros españoles.

Perjuicios a España

Por este motivo, el ministro de Industria y Energía, Joan Majó, tomó la palabra ante el Consejo de Ministros comunitario para señalar que la disminución homogénea de las subvenciones públicas, sín tener en cuenta las características de cada industria naval, perjudicaba especialmente a España.

También recalcó que la simultaneidad prevista de la reducción de las ayudas en los 12 países comunitarios dañaba especialmente los intereses del sector naval español -todavía en plena reestructuración-, y sus interlocutores prometieron entonces tomar esta objeción en cuenta y elaborar una nueva directiva que no iníte las subvenciones al mismo tiempo y al mismo nivel en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.

La mencionada directiva entrará en vigor en enero del año próximo, tras haber sido sometida a la aprobación de los ministros de la Comunidad Europea. El ministro español de Industria y Energía estimó que la ayuda pública a la construcción naval ascendía aproximadamente en España a un mínimo del 12% del valor de cada buque.

Los astilleros españoles emplean a 21.400 trabajadores -sólo los de la República Federal de Alemania les superan en número de trabajadores- y su capacidad de producción es la mayor de la Comunidad Europea, aunque el tonelaje de los barcos botados en 1985 fue sólo de 249.000, una cifra que les sitúa por debajo de la República Federal de Alemania y de Holanda.