Protecciones ilegales de un grupo de policías nacionales en una zona de bares de Valencia

Varios policías nacionales han prestado desde finales de abril servicios ilegales de vigilancia y protección de los establecimientos públicos situados en la zona de la calle de Juan Llorens, de Valencia. Una decena de pubs y bares paga por este servicio 5.000 pesetas a la semana. Algunos propietarios remisos si estas protecciones las han aceptado tras la actuación de los policías, que cacheaban a los clientes de sus locales y exhibían sus armas. La policía investiga estos hechos.

En este asunto estan o han estado implicados, al menos, un policía llamado Manuel, hijo de un miembro del cuerpo adscrito a la sección de motos, y que fue asesinado en Valencia hace aproximadamente dos años en el transcurso de un atraco; otro llamado Toni, que presta sus servicios en la comisaría de Carcaixent (Valencia), y un tercero, de nombre Elías, que tuvo disensiones con sus compañeros y abandonó estas vigilancias ilegales al poco tiempo de que comenzaran. La policía rehusó facilitar la filiación completa de estos y otros implicados.A iniciativa propia o presionados por los policías, dos de los dueños de estos locales instaron al resto a aceptar este servicio, que llevan a cabo dos policías vestidos de paisano que se turnan con al menos otros dos. La patrulla recorre a pie, uno a uno todos los bares de la zona entre las siete de la tarde y las primeras horas de la madrugada.

En principio, el precio establecido para este servicio fue de 300 pesetas diarias; subió posteriormente a 400, y después a 500. A fecha de hoy, la tarifa cobrada es de 5.000 pesetas a la semana, cuando había llegado a ser de 5.500: la incorporación reciente de un nuevo local a la protección permitió la rebaja al resto. Los policías no cobran directamente las cuotas a sus clientes, tarea que corresponde a los propietarios que propiciaron inicialmente el servicio.

La vigilancia se extendió a la práctica totalidad de los bares de la calle de Juan Llorens, y otras próximas, contra la voluntad de algunos propietarios. Los de los pubs Carioca y Mediterráneo, por ejemplo, fueron los últimos en incorporarse, después de tener que soportar coacciones indirectas. Al menos uno de ellos empezó a sufrir un descenso en su clientela cuando los vigilantes detuvieron a un sospechoso en la calle y lo introdujeron en el local, donde fue cacheado ostentosamente.

Amedrentamiento

Según manifestaciones de vecinos y de asiduos de estos bares, una camarera de otro local del barrio, recién abierto, fue cacheada por estos policías, lo que se interpreta como un intento de amedrentar a los dueños del local, reacios en someterse al chantaje. Un joven, empleado o dueño de este establecimiento, desmintió a EL PAÍS en tono nervioso que este cacheo se hubiera producido. Aunque confirmó, al igual que otros afectados, la existencia de este servicio de vigilancia, negó que hubiera habido coacciones, y aportó como prueba de ello el hecho (le que su local no pagaba. En ese mismo momento, los dos policías que esa noche hacían su ronda ilegal se asomaron a la puerta del local y preguntaron en voz alta si "había algún problema" o "pasaba algo".Algunos vecinos han señalado el notorio tráfico, de drogas que, al amparo de la numerosa concurrencia juvenil, se da cada noche en la barriada, y contra el que apenas han intervenido los vigilantes.

Si alguno de los contribuyentes es detenido o tiene algún problema con la policía, tiene instrucciones de decir a los agentes que se pongan en contacto con un tal Hilario, "de la sala", y decir que van de parte de uno de los vigilantes.

En relación con estos hechos, Carlos Gómez de Ramón, jefe superior de Policía de Valencia, afirmó: "Una vez estén debidamente comprobados, los implicados serán castigados como se merecen para cortar de raíz estas prácticas. Gómez de Ramón comentó, sobre las investigaciones policiales, que "no está siendo fácil obtener la colaboración de los perjudicados".