El Gobierno canario instaurará un impuesto energético especial y la libertad de precios petrolíferos

El Gobierno autonómico de Canarias dispondrá a partir del próximo mes de agosto de una política energética propia de hecho, que le permitirá recaudar 10.000 millones de pesetas a través de un impuesto especial, así como liberalizar los precios de los productos derivados del petróleo. La nueva filosofía del Ejecutivo regional podría abaratar los combustibles en las islas inicialmente hasta en cinco pesetas y contribuirá a clarificar la política de subvenciones de la Comunidad Autónoma en la materia.La Compañía Española de Petróleos, SA (Cepsa), que suministra, desde mediados de la década de los setenta, toda la gama de derivados de crudos al mercado interior canario en régimen de exclusiva, perderá de esta forma el monopolio. Sin embargo, no parece que sus ventas se vean sensiblemente lesionadas. La compañía destina anualmente al consumo de las islas 2.000 millones de kilos de carburantes, y 2.500 millones a la exportación.

A pesar de que el régimen de franquicia específico de Canarias no admite los monopolios, la dependencia energética de las islas y su escasez de recursos naturales ha obligado hasta hoy a los sucesivos Gobiernos a canalizar a través de Cepsa un mecanismo de precios socialmente equilibrados.

Con un decreto sobre el estatuto del operador, el Gobierno autonómico pretende fijar las condiciones para que Cepsa y las ocho multinacionales extranjeras que operan en las islas compitan en igualdad de condiciones y con garantías de solvencia y perdurabilidad en el servicio. Entre otros requisitos, se exigirá a los minoristas reservas mínimas para 908 días. "No estamos dispuestos al negocio de empresas fantasmas que viven de la adquisición esporádica de cargamentos de combustible de paso por las islas", señaló el vicepresidente del Ejecutivo autónomo y consejero de Industria y Energía, Juan Alberto Martín.

El impuesto especial sobre el combustible, cuya ley aprobará el Parlamento Canario tras las elecciones generales, evitará en el futuro las oscilaciones bruscas de los precios de los carburantes en Canarias provocadas por los vaivenes del dólar, y el valor del barrill de petróleo es el primer gravamen que genera la Comunidad Autónoma. Su viabilidad legal fue comprobada por el Consejo Consultivo del archipiélago.

Los tipos iniciales han sido fijados en 20 pesetas para el litro de gasolina y en 10 pesetas para el litro de gasóleo. El Gobierno regional canario tendrá atribuciones para variar estos módulos en una banda del 30% al alza o a la baja, según las circunstancias del mercado.

Su aplicación, según Juan Alberto Martín, hará más transparente el sistema de subvenciones a determinados combustibles de interés social.