La 'guerra' de las incompatibilidades

La aplicación de la ley de incompatibilidades, prometida por el PSOE en el programa de 1982 y elaborada en la última legislatura, dejará libres 20.000 puestos de trabajo en la Administración, según ha declarado recientemente el director general de Servicios de la Administración Pública. La aprobación de esta ley y del posterior decreto que desarrolla la misma ha deparado el mayor enfrentamiento, a lo largo de la legislatura, entre el Gobierno y amplios colectivos de funcionarios, apoyados por sus respectivos colegios profesionales.La nueva ley de incompatibilidades, que entró en vigor el 24 de enero de 1985, incluyó entre los afectados a importantes colectivos que la legislación precedente, aprobada por UCD, había dejado al margen: Fuerzas Armadas (incluida Guardia Civil), Seguridad Social, Justicia y los denominados funcionarios del arancel (notarios y registradores de la propiedad). La ley socialista es además mucho más restrictiva que la precedente: aquélla autorizaba la compatibilidad de dos puestos de trabajo a los funcionarios siempre que uno de los mismos se realizase a tiempo parcial. La nueva norma impone como regla general el desempeño de un solo puesto por funcionario y describe expresamente las excepciones. Extiende sus efectos, además, a colectivos no estrictamente funcionariales: empleados de las empresas estatales, entidades colaboradoras, centros sanitarios concertados con la Seguridad Social, colegios subvencionados, etcétera.

La escasa cuantía de las remuneraciones de muchos funcionarios se había compensado tradicionalmente en la Administración española con una escasa exigencia en cuanto a cumplimiento de horarios y productividad, y con la seguridad de conservar el empleo. Todo ello favorecía un régimen de pluriempleo tolerado y muy extendido entre varias nóminas públicas o entre éstas y la empresa privada. Acabar con esta situación, como pretende la legislación socialista, era una decisión respaldada por la mayoría de los españoles (cerca del 80% se ha mostrado favorable en diferentes encuestas y sondeos de opinión), pero que lógicamente lesionaba muchos inte reses particulares al no compensarse suficientemente la pérdida de segundos empleos con un au mento de retribuciones.

Firmeza y debilidad

La ley de incompatibilidades, pese a los continuos aplazamientos en su entrada en vigor, ha provocado fuertes enfrentamientos entre distintos colectivos profesionales (es pecialmente entre abogados y médicos) y la Administración. La mayoría de los letrados del Consejo de Estado -entre los que figuraban cuatro ex ministros, tres de ellos de Franco- se mostraron públicamente contrarios, en marzo del pasado año, a las reformas socialistas que ponían fin a sus pluriempleos. El propio Consejo de Estado, que debía informar reglamentariamente sobre el decreto de incompatibilidades, se pronunció en contra del mismo, aunque con el voto particular favorable al. texto del consejero Antonio Sánchez del Corral.El Gobierno, según sectores de izquierda, se mostró débil ante alguno de estos colectivos, y modificó y suavizó su primitivo proyecto de decreto para desarrollar la ley, de incompatibilidades en su aplicación a los mismos. Se autorizó así a los letrados al servicio de la Administración, en contra de lo previsto inicialmente, el ejercicio de la abogacía siempre que no actúen en contra de la propia Administración o en asuntos que Se relacionen con el departamento en que desempeñan su labor.

Los mayores enfrentamientos sobre la aplicación de las incoinpatibilidades se han dado entre los médicos, colectivo profesional en el que subsistían situaciones de compatibilidad que bordeaban el escándalo (un médico madrileño, por ejemplo, desempeñaba cinco puestos públicos diferentes en un mismo día), pero donde también muchos profesionales obtienen iremuneraciones públicas claramente suficientes e inadecuadas a su nivel de responsabilidad, dedicación, titulación y conocimientos.

En la pequeña guerra ante la opinión pública protagonizada por la Administración y por los colegios profesionales ha habido advertencias de despidos y sanciones y amenazas de huelgas y desobediencia civil. Un ordenador, popularmente conocido como Rita (siglas de la Red Informática de Tratamiento de la Administración), está recibiendo un sinfin de datos e informaciones para controlar y cruzar todas las nóminas de los funcionarios y descubrir a aquéllos que infringen la normativa de incompatibilidades.

Además de la regulación de incompatibilidades, que está en proceso de aplicación, otro tema, como el adelanto de la edad de jubilación de los funcionarios, ha despertado también fuerte malestar y resistencia entre algunos colectivos que se sienten lesionados en sus derechos adquiridos. La primera legislatura socialista ha concluido, por otra parte, sin que se haya aprobado el reglamento regulador de las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración del Estado, el de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración y el proyecto de ley de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas.