La reforma de la Administración se limitó a cambios superficiales

Las reformas de la Administración introducidas por el PSOE durante sus casi cuatro años de gobierno se reducen esencialmente a una ley polémica que ordena cuerpos y retribuciones del funcionariado, la supresión de algunos organismos autónomos, la simplificación de un número reducido de trámites burocráticos y distintas medidas -control de horarios de los funcionarios, entre otras- que han tenido una dimensión más publicitaria o de imagen que de eficacia real. Estos cambios distan mucho, en profundidad y en amplitud, de la Reforma de la Administración prometida por en el programa socialista de 1982.

Los funcionarios, sujetos principales de los cambios promovidos por, el Gobierno en los últimos cuatro años, denuncian la escasa receptividad, mostrada por la Admistración a sus opiniones sobre las reformas, la ausencia de la prometida negociación salarial en los últimos años para estos colectivos y el incumplimiento del compromiso de regular los derechos sindicales y los órganos de representación de estos trabajadores. Los consumidores de burocracia, los ciudadanos de a pie, tampoco han observado, salvo rarísimas y contadas excepciones, una mejora sustancial en la atención dispensada por la Administración al usuario, en la agilización de trámites o en la simplificación de procedimientos.

Autosatisfacción

Frente a estas críticas de trabajadores y usuarios de la Administración, los responsables de las reformas hacen gala de un moderado grado de autosatisfacción. Francisco Ramos, secretario de Estado para la Función Pública, sostiene que "la maquinaria de la Administración es lenta de mover, y las reformas en este sector tienen que emprenderse pensando en un esfuerzo constante de cambio y adaptación; pero la actuación reformadora ha sido intensa a lo largo de la legislatura. Quizá más intensa hacia dentro de la Administración que hacia afuera, más enfocada hacia el aparato administrativo interno que hacia el ciudadano. El grado de cumplimiento electoral ha sido prácticamente total, y los diferentes temas han sido abordados con rigor".El secretario de Estado se muestra satisfecho, asimismo, del clima de paz laboral en que se han producido las reformas, "lo que habla de la participación y colaboración de los sindicatos en las mismas". "En la faceta de simplificación de trámites administrativos y en la mejora de la atención al ciudadano se han conseguido logros importantes en algunas cuestiones (reducción del papeleo y del tiempo de tramitación en el documento nacional de identidad, obtención de pasaportes, etcétera); aunque es una tarea inacabada. Ocurre también, sin embargo que el ciudadano sigue sin distinguir a la hora de juzgar a la Administración entre el Estado, las comunidades autónomas, o las corporaciones locales". Francisco Ramos añade, además, que a lo largo de la legislatura se ha impulsado una atención prioritaria de los funcionarios y de la Administración hacia los ciudadanos más necesitados, hacia quienes cuentan con menos recursos y menos luces.

Los sindicatos tienen una visión bastante menos idílica de las reformas que ha llevado a cabo el PSOE. "Prácticamente, han desaparecido los contratados administrativos; de los 30.000 que existían en 1982 deben de quedar ahora sólo 3.000 o 4.000, pero el problema de fondo, el amiguismo y la falla de previsión en la política de personal, no ha mejorado", según Comisiones Obreras. El Gobierno socialista ha fomentado los contratos eventuales y el interinaje, hay ya trabajadores con dos y tres años en esta situación, y los contratos laborales renovables cada seis meses. La máxima de Lampedusa en el Gatopardo (modificar algo para que no cambie nada), según este sindicato, puede que la esté reproduciendo el Gobierno: "Existe un grave riesgo de que se estén reproduciendo los males de la figura del contratado administrativo mediante el interinaje y los contratos eventuales".

El desarrollo reglamentario que se está haciendo de la ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según los sindicatos, está también desnaturalizando el pretendido objetivo de descorporativización que tenía la citada ley. Los complementos específicos y de productividad creados en ese texto para ordenar las retribuciones de los funcionarios a partir de las características de responsabilidad y dedicación del puesto que desempeñen en la Administración no se están aplicando de acuerdo con los citados objetivos, según los sindicatos.

En los catálogos, de puestos de trabajo que se están elaborando, según estas fuentes, se intentan respetar a todos los funcionarios sus actuales retribuciones, excepto una minoría que mejora sus condiciones, "con lo que las nuevas retribuciones siguen atendiendo más a la persona que a la valoración del puesto desempeñado".

Los puestos, por otra parte, se han seguido cubriendo por el sistema de libre designación, con la única novedad de dar publicidad a la convocatoria. La Administración justifica este hecho en que hasta ahora no habían comenzado a últimarse los catálogos de puestos de trabajo. Lo cierto es que el programa del PSOE para las elecciones de 1982 decía textualmente. "La promoción pasará a hacerse por concurso público de méritos, en los que se valorará la dedicación eficaz al servicio, la capacidad y la antigüedad, dejando de depender de la libre designación".

Por la vía de la libre designación, según CC OO, es por la que los socialistas han hecho amiguismo y clientelismo en la,Administración; y por la que se ha cambiado de algún modo la estructura de poder de los cuerpos. Han perdido poder todos los cuerpos técnicos, a excepción de los abogados del Estado y los de Hacienda, y han consolidado su ascensión a posiciones de élite los técnicos de administración civil (los antiguos técnicos comerciales del Estado).

El programa del PSOE en 1982 hacía un gran hincapié en la necesidad de "evitar que el proceso autonómico produzca un fuerte incremento del gasto de personal" y para ello se hablaba de que el Gobierno transferiría funcionarios a las comunidades autónomas de forma voluntaria, incentivada o con traslados forzosos. La realidad, sin embargo, ha sido muy otra. Al margen de los funcionarios de las delegaciones de los ministerios en las provincias, que han seguido trabajando en sus puestos con la única novedad del cambio de rótulo de titularidad en la entrada del edificio (que ha pasado a titularidad del Gobierno regional), sólo unos 2.800 funcionarios de la Administración central han sido trasladados de Madrid a las administraciones periféricas y siempre de forma voluntaria e incentivada.

El grueso de las transferencias de personal a las autonomías han sido vacantes, con su dotación presupuestaria correspondiente, lo que ha permitido a los Gobiernos regionales contratar a sus propios funcionarios y ha evitado nuevos problemas -como el de los secretarios de ayuntamiento en Euskadi- entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

En términos globales, la oferta de empleo público ha disminuido sustancialmente a lo largo de la legislatura, hasta quedar prácticamente congelada en 1985 y convertirse en negativa en 1986, según CC OO, "pero eso no quiere decir que no haya aumentado el personal al servicio de la Administración". "Creemos", añade este sindicato, "que hay menos funcionarios que en 1982, pero ha habido un crecimiento muy importante en las contrataciones laborales de la Administración".

Los gastos de personal, según los sindicatos, se han contenido formalmente al inicio de cada año en los Presupuestos del Estado, pero en meses posteriores se han desbordado y ha habido que arbitrar dotaciones adicionales.

También hay críticas, incluso desde el propio PSOE, a la política de contrataciones que ha llevado a cabo la Administración. "Decir que en España hay menos funcionanos que en la mayoría de los países de Europa occidental es cierto", según CC OO, "pero no quiere decir demasiado: aquí sobran muchos funcionarios en determinadas áreas burocráticas y falta personal en la prestación de servicios y en la atención al usuario".

Justo Zambrana, dirigente de UGT y diputado del PSOE en la última legislatura, sostiene que la Administración debe incrementar el personal destinado a servicios (enseñanza, sanidad, justicia), y debe reducir sus plantillas de burócratas tradicionales. De ahí que la Administración deba crecer, según este sindicalista, en las áreas más cercanas, al ciudadano, en las corporaciones locales, y deba reducirse, en la Administración central.