Un conflicto aplazado

Desde hace meses, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública viene señalando que la situación sanitaria está entrando en un punto de difícil retorno, y que, o se toman medidas eficaces por parte de la Administración española, o el malestar existente acabará por cristalizar en un conflicto en el que los sectores más corporativos de la profesión médica podrían, bajo la bandera de reivindicaciones salariales, ir contra la propia reforma sanitaria a la vez que se utiliza como una confrontación política contra el Gobierno.La actuación de la Administración sanitaria no puede ser más facilitadora de estos planes corporativos. Relegada la sanidad a un segundo plano en el interés presupuestario del Gobierno (el porcentaje del PIB dedicado a sanidad no ha dejado de disminuir en estos últimos años), la política del Ministerio de Sanidad ha evitado, además, realizar actuaciones concretas en el terreno en el que se encontraban las contradicciones concretas de la política sanitaria (aplicación de las incompatibilidades, cobertura de las vacantes, aplicación y ampliación del nuevo modelo sanitario y apertura de una vía para racionalizar las retribuciones), y, en cambio, se ha dedicado a una campaña de ahorro económico (nada menos que el 49% de lo presupuestado para inversiones no se gastó en 1985) y de inauguraciones de centros sanitarios que carecen de lo necesario para funcionar correctamente.

Todo ello, acompañado de una política de enlentecer la aplicación de las incompatibilidades, de prometer una disminución del empleo médico sin tener en cuenta criterios sanitarios (es obvio que la jerarquización tiene otros objetivos que aumentar las horas dedicadas a la asistencia, y que una parte de la nueva jornada deberá dedicarse a asegurar una mejor calidad asistencial: sesiones clínicas, revisiones, etcétera, por lo que no cabe hacer cuentas a partir exclusivamente del cómputo horario) y de prometer a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) una subida salarial para la que no existe presupuesto disponible.

Hay problemas clave pendientes, como la ubicación de los hospitales en su área y la imbricación de los especialistas de los actuales ambulatorios en los servicios hospitalarios, que están sin resolver, o la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de atención primaria, que se está resintiendo de la apertura de centros de salud sin unas condiciones mínimas de infraestructura y personal. Y sobre todo, una situación de descontento generalizado al observar cómo no se dan salidas a las necesidades planteadas y se carece de voluntad de afrontar una reforma en profundidad.

En este panorama inciden las divisiones existentes entre los sectores profesionales corporativos, que, defendiendo alternativas sanitarias comunes (un modelo liberalizado), presentan, en cambio, métodos de actuación distintos, provenientes en parte de sus diferentes imbricaciones con la derecha política del país. La CESM y la Federación de Sindicatos Médicos (Fesime) tienen entablado hace tiempo un pulso para conseguir la hegemonía de la representación de los médicos, y no sólo en el terreno sindical, ya que la propia Organización Médica Colegial parece haberse convertido últimamente en el centro de esta confrontación. Las pasadas, y anuladas, elecciones a la vicepresidencia de la OMC son un buen ejemplo de ello, como lo serán las próximas a la presidencia (casualmente convocadas, en un alarde de nostalgia, para el 18 de julio próximo.)

La firma realizada entre la CESM, UGT y el Ministerio de Sanidad abre un nuevo paréntesis en esta lucha de posiciones. Aceptando unas propuestas presentadas en la mesa de negociaciones hace más de un mes, la CESM renuncia a la convocatoria de huelga y parece conformarse con una promesa de un ministro que posiblemente deje de serlo a corto plazo. Hay además otros agentes presentes, como es la constitución de un movimiento asambleario-asocia-tivo de carácter sindical que pretende reunir a los médicos hospitalarios, y que ha planteado ya algunas movilizaciones centrándose en la llamada optimización de la asistencia.

¿Qué se puede hacer desde la óptica de quienes apostamos por la sanidad pública? Resulta a veces complicado saberlo, ya que, de entrada, no cabe esperar actuaciones muy afortunadas por parte de los responsables de la Administración sanitaria, aunque es de esperar que las próximas elecciones permitan otras perspectivas más alentadoras. En cualquier caso, está claro que desbloquear esta situación supone romper la- dialéctica, exclusivamente salarial, de la conflictividad planteada, y hacerla volver al terreno en que debería haberse situado desde el principio: el estrictamente sanitario, con la comprensión de que las buenas condiciones de trabajo y la satisfacción profesional son una premisa indispensable para el buen funcionamiento del sector sanitario público. Por ello, habría que avanzar en tres vías:

Tres vías

1. Impulsar la reforma sanitaria favoreciendo las estructuras que responden al nuevo modelo: ofreciendo la posibilidad de jerarquización a los especialistas que lo deseen, ampliando las ofertas de prolongaciones de jornada en los hospitales y dotándolas de contenido, potenciando los centros de salud, asegurándoles dotaciones suficientes de personal, infraestructura y material, etcétera.

2. Promover la integración de los profesionales jóvenes, aplicando las incompatibilidades con un ritmo acelerado y cubriendo las plazas vacantes, potenciando la convocatoria de MIR para asegurar un número suficiente de profesionales cualificados y favorecer el funcionamiento y desarrollo, docente e investigación, de la sanidad pública.

3. Estudiar un nuevo modelo retributivo para los médicos que pueda aplicarse en los próximos presupuestos, y que, solucionando situaciones injustas, permita además incentivar la dedicación y la calidad asistencial de los profesionales.

Sobre estas bases, la mayoría de las organizaciones sindicales y profesionales presentes estarían seguramente dispuestas a negociar una solución a los graves problemas que hoy aquejan al sector sanitario público. Es posible que, de resultas de ello, hubiera que plantearse la actual situación de la colegiación obligatoria, que permite a la cúpula colegial utilizar unos medios y una representatividad que hoy sufragamos sus obligados colegiados, en movimientos que poco o nada tienen que ver con los intereses profesionales de los médicos, y mucho, en cambio, con los de los partidos de derecha de este país.