El fiscal acusa a los denunciantes de reventar la investigación

El fiscal jefe de la Audiencia de Segovia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que sería "milagroso" que se llegara al final de las investigaciones sobre las presuntas escuchas telefónicas en el domicilio del candidato al Senado por el Grupo Popular en esta provingia José María Herrero. Esta convicción de Fernández, miembro de la Unión de Fiscales Progresistas, se debe a que los denunciantes filtraron los supuestos hechos a la Prensa, "reventando la investigación". El fiscal indicó a este periódico que, por respeto a la institución parlamentaria y por gozar aún Modesto Fraile de inmunidad -al pertenecer a la Diputación Permanente-, ha declinado ejercitar acciones legales Contra él por presuntas injurias.Jeanine Vedel, esposa del candidato al Senado por Segovia, José María Herrero González, presentó, según consta en el sumario, entre las dos y las dos y media de la tarde del 26 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia, del que es titular Francisco Vieira, una denuncia al considerarse objeto de una escucha telefónica mientras hablaba con el presidente del PDP de Segovia, Teófilo Rebollar. A los pocos momentos de presentarse la denuncia, algunos medios informativos se hicieron eco de los hechos.

El fiscal envió a la mañana siguiente un oficio al comisario de policía. Santiago García Pérez, en el que se pedía que entrase en contacto con Juan Pascual Rincón, delegado de la Telefónica en Segovia, para que sus técnicos comprobasen si las líneas estaban intervenidas. José Antonio Redondo, jefe de la brigada de Policía Judicial de Segovia, se puso en contacto con el delegado de Telefónica, quien indicó al policía que el trabajo no se podía hacer porque los empleados se encontraban ya fuera de su horario. La posibilidad solución consistía en el pago de horas extra, pero no podían ser abonadas por la fiscalía al no disponer la Audiencía de presupuesto al efecto.

El peritaje se inició, finalmente, a las 8.45 del día 28, lo que ha sido criticado por miembros de la Coalición Popular. Ese día, los técnicos de Telefónica Domingo Rubio y Francisco del Real, acompañados del jefe de la brigada de Policía Judicial y de dos inspectores de la brigada de Información, efectuaron un peritaje en los teléfonos de la sede de la Coalición Popular, del abonado denunciante y de la caja terminal de la Compañía Telefónica. Sus conclusiones se recogieron en un informe de Telefónica que es enviado al juzgado. Este informe señalaba que no se observaron indicios de manipulación. Sin embargo, el día 30, la UGT de Segovia sacó a la luz pública un comunicado en el que exponía que "la presunta escucha ilegal fue realizada sobre un teléfono inalámbrico no homologado por Telefónica y, por tanto, ilegal"; y agregaba que tales aparatos ofrecen pocas garantías dé seguridad puesto que cualquier persona con ligeros conocimientos técnicos puede intervenírlos. Tras el comunicado de UGT, el fiscal jefe ordenó a la comisaría que se practicase una información para averiguar por qué disponía UGT de información sobre la existencia dé un teléfono inalámbrico en el domicilio del candidato.

La brigada de Policía Judicial tomó declaración en comisaría a Luis Sanz Pastor, secretario provincial de Telecomunicaciones de UGT de Segovia. En la declaración, Luis Sanz señaló que "los teléfonos inalámbricos trabajan en sistema dúplex (dos frecuencias)" y que, con este sistema, "el presunto escucha sólo puede oír una sola voz, la de la unidad central (en este caso, la voz de Teófilo Rebollar, presidente del PDP)". La esposa había escuchado al teléfono la grabación de una conversación mantenida desde ese aparato, pero sólo oía a uno de los interlocutores.

No obstante, la demandante, en una posterior declaración policial, señaló que tal conversación fue efectuada en un teléfono convencional y no inalámbrico.

El fiscal, una vez aclarado que, la conversación se mantuvo mediante un teléfono convencional, considera que la clave del asunto son los dos días transcurridos hasta que Telefónica realizó el peritaje mencionado. Si hubo escucha ilegal, ésta pudo o no realizarse posteriormente y ser retirada antes de la investigación, "fustrada en gran medida por la publicidad dada por los denunciantes".