Indicios fundados de que los GAL son dirigidos por servicios de información españoles
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) iniciaron su andadura terrorista en suelo francés el 16 de octubre de 1983, con el secuestro de Segundo Marey, hombre ligado a los círculos de exiliados vascos en el sur de Francia y si quien interrogaron sobre personas y empresas que pagaban el impuesto revolucionario, así como sobre el destino de las cantidades obtenidas por este sistema. Indicios fundados apuntan a los servicios de información españoles como inspiradores de esta organización terrorista.
En octubre de 1983, un año después de que el PSOE llegara al Gobierno, este grupo terrorista era absolutamente desconocido. Ahora, cuando los GAL ya han efectuado 24 asesinatos y han herido a 25 personas en numerosos atentados, jueces franceses e italianos tienen fundadas sospechas de que este grupo está dirigido y financiado por los servicios secretos y la policía españoles. Hasta el momento no existe ninguna prueba concluyente sobre esta supuesta conexión, aunque sí numerosos indicios que sostienen esa hipótesis.Algunos mercenarios que trabajaron en el Batallón Vasco Español continuaron sus acciones anti-ETA en los GAL; entre ellos, Jean-Pierre Chérid, muerto el 19 de marzo de 1984 en Biarritz, al estallarle un artefacto que iba a colocar junto a un bar frecuentado por exiliados vascos. Familiares de Chérid aseguraron a este periódico que el ex miembro de la OAS [organización terrorista francesa contraria a la descolonización de Argelia] trabajaba para la policía española desde 1978 e incluso llegaron a solicitar una indemnización, al Ministerio del Interior español. Este departamento negó que Chérid trabajara para los servicios de información.
El 6 de diciembre fue detenido en Francia el legionario Pedro Sánchez, a quien fueron intervenidas numerosas fotografías de exiliados vascos, así como el teléfono de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, que en ese momento dirigía Francisco Álvarez. Esas fotografías eran copias de fichas policiales españolas y de algunas fichas y permisos de residencia concedidos por la policía francesa. Tales copias sólo pueden ser conseguidas por personas con acceso a dependencias oficiales de la policía.
También figuran en diferentes sumarios franceses abiertos por la denominada guerra sucia a ETA declaraciones en las que algunos de los implicados reconocen que trabajaban para los servicios secretos españoles. Éste es el caso, por ejemplo, de Maxime Szonek, condenado por el asesinato de Justo Elizarán, quien reconoce en el sumario que fue contratado por los servicios secretos españoles.
El ultra italiano Giuseppe Calzona, miembro de los GAL, reconoce en un informe policial que un neofascista de su país le propuso pasar a Francia para atentar contra etarras, significándole que el encargo procedía de alguien relacionado con el Gobierno español, lo que le supondría una protección, aparte de un beneficio económico, así como su consideración para obtener la identidad que conviniese. La compañera del miembro de los GAL Jean-Philippe Labade declaró en un sumario que le acompañó en varias ocasiones a entrevistas con policías españoles.
Jueces italianos y franceses
Datos como éstos han llevado a jueces franceses e italianos a tener fundadas sospechas de que los servicios de información españoles organizan las acciones terroristas de los GAL. Incluso el magistrado de Roma Giovanni Salvi instruye un sumario sobre la participación de neofascistas italianos en la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia en supuesta colaboración con los servicios españoles.El fiscal general del Estado, Luis Burón, ha desestimado en varias ocasiones la apertura de investigaciones sobre la supuesta conexión de policías con los GAL solicitada por intelectuales y profesionales de diversas ramas. El ministro José Barrionuevo ha negado siempre que el Gobierno participe en este tipo de, acciones, aunque admitió que no descartaba "como hipótesis que algunos funcionarios de la Administración estén implicados en acciones terroristas".
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