El fiscal pide que dos ingenieros de Tous paguen 40.300 millones

Gonzalo López-Ebri, fiscal del sumario que se sigue por el desmoronamiento de la presa de Tous, ha solicitado al tribunal encargado de enjuiciar el asunto que condene a los responsables de la catástrofe al pago de 40.300 millones de pesetas en concepto de indemnización.

Esta abultada indemnización se justifica por las pérdidas ocasionadas por la inundación subsiguiente a la rotura del muro de contención del embalse, en octubre de 1982. El fiscal se ha ratificado en las conclusiones ya emitidas con motivo del primer auto de conclusión del sumario, consistentes en solicitar una pena de dos años de prisión menor para el ingeniero Salvador Madrigal, autor del proyecto de la presa, y un año de prisión menor para Jesús González Marín, ingeniero técnico encargado de la vigilancia de la presa, acusados arribos de un delito de imprudencia temeraria con resultado de nueve muertes y múltiples daños. El Estado, para el fiscal, es el responsable civil subsidiario.Sin embargo, el fiscal pide la libre absolución de los otros dos ingenieros procesados en la misma causa, Román Guerrero y Florentino Santos, jefe del Servicio de Grandes Presas del Ministerio de Obras Públicas y director de la presa de Tous, respectivamente, en la fecha del accidente.

En su escrito (te calificación, López-Ebri señala que Salvador Madrigal ordenó la puesta en funcionamiento de la presa en el año 1978 sin que dicha obra hubiese sido recibida por la Administración, "con el consabido riesgo que ello entraña, ya que no se había comprobado definitivamente la idoneidad de todos sus elementos". El fiscal acusa al autor del proyecto de la presa de la situación de riesgo en que funcionaba el embalse de Tous, motivada por su mínima capacidad de laminación y regulación de avenidas.

Las aguas alcanzaban en el embalse una cota permanente de 84 metros con el fin de abastecer el canal Júcar-Turia que proporciona agua a Valencia. La cota de coronación se encontraba situada tan sólo a 98,5 metros.

A González Marín, encargado de la vigilancia y explotación de la presa, el fiscal le acusa de que días antes del 20 de octubre de 1982, fecha de la catástrofe, ordenó que el único grupo electrógeno existente en la obra se instalase en la pasarela de accionamiento de los mecanismos de desagüe, situada en una cota inferior a la de coronación. Cuando sobrevino la riada, el grupo electrógeno quedó sumergido e inutilizable. Sobre este técnico del MOPU recaen también acusaciones tales como que no comprobó en ningún momento el correcto funcionamiento de los mecanismos de desagüe mientras estuvo al frente de la presa.