El fiscal del Estado de Israel quiere procesar por falso testimonio al jefe del servicio secreto militar

Un escándalo jurídico-político de dimensiones fuera de lo habitual ha estallado en Israel a raíz de la decisión ole Isaac Zamir, fiscal del Estado -que al mismo tiempo es consejero judicial del Gobierno-, de intentar llevar ante los tribunales a Abraham Shalom, jefe del servicio secreto militar, el Shin Beth. Las acusaciones son falso testimonio y encubrimiento de responsabilidades en la muerte de dos palestinos. El Gobierno está dividido ante la decisión de Zamir. Los ministros laboristas le apoyan y el derechista Likud se opone abiertamente.

Isaac Zamir, al ordenar a la policía israelí que abra una investigación contra Abraham Shalom, se ha situado en el centro de una controversia que se puede convertir en una tempestad de imprevisibles consecuencias.Los adversarios del fiscal del Estado, que son muy numerosos en los círculos nacionalistas y derechistas, le reprochan haber desenterrado un caso ocurrido hace dos años para atacar a un hombre como Shalom, que simboliza, en su opinión, la seguridad y el futuro de Israel, es decir, la razón de Estado.

Tras varios días de rumores, de indiscreciones que circulaban de boca en boca y que inmediatamente eran ahogadas por la censura militar, la opinión pública israelí pudo enterarse de que la identidad del "alto funcionario" señalado por el fiscal en un principio era nada. menos que la del jefe del espionaje militar, gracias a la información difundida por la cadena de televisión norteamericana ABC, y que ayer rebotaron las emisoras de radio y la Prensa de Israel.

El 12 de abril de 1984, un grupo de palestinos se apoderó de un autobús repleto de pasajeros en el centro de Israel. Durante el asalto que efectuaron las fuerzas de seguridad murieron dos de los secuestradores y un soldado israelí. Otros dos palestinos del comando perdieron la vida en circunstancias sospechosas.

Al cabo de un año de investigaciones, el teniente general Isaac Mordechai fue acusado de haber les golpeado hasta la muerte durante el interrogatorio realizado, por él mismo solo o en presencia de otros cinco miembros de las fuerzas de seguridad, en el mismo lugar de los hechos. Fue absuelto y, poco después, ascendido.

Todo hubiese vuelto a la normalidad si la mala conciencia de tres miembros de los servicios del Shin Beht que trabajaron en la referida investigación no les hubiese impulsado a informar a Zamir de graves irregularidades cometidas en la investigación de los hechos.

El fiscal del Estado decidió llegar hasta el fondo de los hechos, y así se lo advirtió previamente, como es habitual, al primer ministro, el laborista Simón Peres, que es quien tiene el control de los servicios de espionaje israelíes. Peres se quedó estupefacto, inquieto.

Igualdad ante la justicia

Algunos dirigentes, entre ellos el líder del Likud y viceprimer ministro, Isaac Shamir, se opusieron a la decisión de Zamir, incluso a la misma idea de investigar a Shalom. En su opinión, procesar al jefe del servicio de espionaje militar era inadmisible.Zamir no estaba de acuerdo, por considerar que la ley debe ser respetada y todos son iguales ante la justicia. Exasperado por esta actitud, Shamir llegó a declarar que era necesario enmendar la ley y reducir las "exorbitantes" prerrogativas del fiscal, que en Israel es la única persona capacitada para juzgar si una investigación policial determinada es "de público interés".

El primer ministro, Peres, se opone a cualquier reducción de los poderes del fiscal del Estado. No obstante y al igual que el ministro de Defensa, Isaac Rabin, no se siente muy feliz -es lo menos que se puede decir- con la idea de ver al jefe del espionaje militar investigado por policías y jueces.

Durante los últimos meses, el fiscal del Estado, Isaac Zamir, ha sido sometido a discretas presiones para que pusiese fin a la investigación. Se negó rotundamente a que acabase prevaleciendo la razón de Estado sobre las consideraciones jurídicas.

Durante una reunión del Gobierno restringido, Ariel Sharon llegó a increpar a Zamir: "Los fanáticos del legalismo pueden acabar empujando el Estado al suicidio. Estamos todavía en guerra, en lucha por nuestra supervivencia". El fiscal aguantó el tipo, apoyado, eso sí, por el primer ministro y la mayor parte de los ministros laboristas.

Al finalizar la última reunión del Gobierno, el pasado domingo, un comunicado oficial leído a la Prensa subrayó la independencia del poder de decisión del consejero jurídico y fiscal del Estado. "Incluso si el Gobierno tiene una opinión diferente", añadía el comunicado "la última palabra la tiene el consejero jurídico".