El presidente del Consell Insular de Ibiza se encuentra entre los denunciados por la presunta estafa en la Caja de Inversión

Cosme Vidal Juan, presidente del Consell Insular de Ibiza y militante de AP, es una de las 16 personas acusadas de estafa y falsedad documental por Jerónimo Salt constructor valenciano que denunció irregularidades en la gestión de Foica, Foicasa y Caja de Inversión, una cooperativa de crédito que actuó desde 1976 a 1985 como banco de la Iglesia en Valencia y Baleares. Vidal fue miembro de su consejo rector. Entre las anomalías denunciadas figura la concesión, por parte de la caja, de un crédito de 122,5 millones de pesetas a Foicasa, sociedad creada por los hermanos Vallés Salas con un desembolso de 99.000 pesetas. Francisco Vallés Salas es asesor jurídico en las empresas de José Lladró, último presidente de Caja de Inversión, también denunciado.

Según la denuncia, Caja de Inversión nació en 1976 después de que el. Banco de España atendiera una reclamación de varias entidades bancarias y de ahorro valencianas que acusaban a la Asociación de Ayuda a la Iglesia Católica (Foica) de actuar como un banco sin autorización. La Caja se constituyó con un capital de 75 millones de pesetas, suscrito por Foica (25 millones), el Seminario Mayor de Valencia y el Arzobispado de Valencia (15), el Seminario Menor (8,6) y el Obispado de Mallorca (0,5). Este dinero, según la denuncia, no fue desembolsado nunca y por él los fundadores percibían un 9% de interés anual. La misma operación fue realizada con ocasión de una ampliación de capital hasta 300 millones, aprobada por el consejo rector en septiembre de 1980.Caja de Inversión llegó a tener 106 socios, la mayoría entidades religiosas. Según un informe del Banco de España emitido el 3 de octubre de 1980, la caja tenía dos oficinas en Valencia y otras en Alzira, Palma de Mallorca, Ibiza, Castellón y Ávila, y había sido autorizada a instalarse en Segorbe. Su plan de expansión preveía abrir sucursales en otras sedes episcopales.

Los promotores de Foica, creada en 1970, fueron Jesús Pla y Vicente Ferrando Pla, ultraconservador, fue obispo auxiliar de Valencia hasta 1978. En 1980 fue nombrado obispo de Sigüenza-Guadalajara, donde se negó a bautizar a un niño apadrinado por José Bono, presidente socialista de Castilla-La Mancha. Ferrando fue durante más de una década vicario general del Arzobispado de Valencia y hombre a quien los sucesivos arzobispos dieron carta blanca para la gestión de las finanzas de la Iglesia valenciana. Como tal ejerció un completo control sobre, Caja de Inversión, de la que fue consejero delegado desde 1982, cuando Silvino Navarro dimitió como presidente. Fue apartado después de la Vicaría General por decisión del actual arzobispo, Miguel Roca, descontento con su actuación.

Nóminas de sacerdotes

Caja de Inversión controló las nóminas de los sacerdotes de varias diócesis, colectas y donativos piadosos. Tenían cuenta abierta innumerables fundaciones y congregacions religiosas y parroquias. Estos fondos fueron empleados para financiar obras de la Iglesia, pero gran parte de ellos fueron empleados en diversos créditos irregulares que nunca llegaron a cobrarse, según la denuncia.Los denunciantes afirman tener documentiación que demuestra que los socios se repartían beneficios que no existían, que los balances anuales registraban pérdidas, se falsificaban y que en realidad había un agujero de cientos de millones. Los directivos de la caja confiaban en taparlo con los pasivos que pudiera captar Foicasa, creada en 1984 para administrar, controlar y gestionar empresas e inversiones.

Diversos informes del Banco de España demuestran que la autoridad monetaria conocía al menos parte de las irregularidades ahora sacadas a la luz. En el emitido en octubre de 1980, aparece un agujero de 47 millones en la sucursal de Alzira, ya que su director, Bernardo Llinares España, "había coftcedido créditos sin instrumentar a Carcax, SA". Caja de Inversión regularizó, cuentas y otorgó créditos hipotecarios por valor de 47 millones de pesetas. Pese a ello, otra inspección, en abril de 1985, revelé que Carcax tenía una deuda de 63 millones.

En 1980, Foica aparece como deudora de 153,9 millones de pesetas. Cinco años después, este débito es de 137,9 millones; de 133 en el caso del Arzobispado de Valencia y de 138 en el de Foicasa. El grupo de empresas Doneta, Alutur, Cerrabal y Haba Robredo, perteneciente a Silvíno Navarro -presidente de la caja hasta 1982- tenía deudas de 32,9 millones, de las que "existe promesa verbal de pago".

Cantidades reclamadas

En este informe aparecen deudas por valor de 7,1 millones de pesetas a nombre de Cosme Vidal Juan, militante de AP, presidente del Consell Insular de Ibiza y directivo de Caja de Inversión, que afirmaba que esta cantidad está reclamada desde 1984 "pero no lo ha sido aún por vía de apremio dada la personalidad" del deudor.Otra anomalía surge a partir del 17 de julio de 1984, fecha en que es fundada Foicasa por Francisco Vallés Salas -abogado de las empresas de José Lladró-, su hermano Julio y Pascual del Portillo, para lo que aportan un capital inicial de 99.000 pesetas, única garantía contra la que Caja de Inversión otorga a Foicasa, 10 días después, un crédito de 122.475.000 pesetas. En nombre de la caja, la póliza fue firmada por Manuel Caro Ocafia, que no contó con poderes para hacerlo hasta dos meses después. El crédito no fue autorizado por el consejo rector hasta el 31 de agosto. El dinero, cinco días después de la concesión, había sido cedido a Foica, que afirma en abril de 1985 no estar "en disposición de entregar" su balance a requerimiento del Banco de España.

Tras la presuntamente.irregular liquidación y cesión de los activos y pasivos de Caja de Inversión a la Caja de Ahorros de Madrid (en octubre de 1985), Manuel Caro y Justo Duart, director y subdirector de Caja de Inversión adquirieron las acciones de Foicasa y las cedieron posíeriormente a José Lladró Dolz.

Salt ha desmentido su implicación en una presunta estafa denunciada por el Banco Hispano Americano -del que es consejero Juan Lladró, hermano del presidente de Caja de Inversión- contra uno de sus empleados que avaló unas letras firmadas por el comprador de un inmueble propiedad de Salt. El hecho de que Salt haya sido involucrado, es atribuido por él a "un intento de desacreditar la denuncia".

Por otra parte, informa S. A., en la actualidad la Caja de Madrid, por haber desaparecido la Caja de Inversión por absorción, sigue nueve procedimientos contra las empresas relacionadas con Jerónimo Salt para tratar de conseguir el cobro de 200 millones de pesetas prestados a estas sociedades antes de la absorción. Cantidad que podría haber sido mayor si la Caja de Ahorros de Madrid no hubiera advertido a la Caja de Inversión sobre las posibles dificultades que podrían producirse si se ampliaban algunas líneas de crédito con esas empresas.