Los subinspectores fiscales denuncian que el plan del IVA viola la ley y la seguridad jurídica del contribuyente

Los subinspeciones fiscales han comenzado a enviar escritos a diversas autoridades en los que denuncian las violaciones de preceptos legales en que incurren las instrucciones que han recibido de Hacienda para el plan especial del IVA. El conflicto planteado al Ministerio de Hacienda puede agravarse definitivamente si los inspectores, el cuerpo superior que desempeña las tareas más importantes de investigación fiscal, deciden el próximo lunes convocar una huelga de celo, que, unida a la de los subinspectores, supondría un boicoteo total de la investigación para detectar el fraude fiscal.

La mayoría de los subinspectores. fiscales, un colectivo de 1.537 funcionarios, está llevando a cabo una huelga de celo que tiene como objetivo paralizar el plan de inspección del IVA, como medida de presión para resolver el conflicto salarial que les enfrenta con las ¡autoridades de Hacienda. Esta huelga de celo indefinida, basada en la comprobación detallada de cada documento, el levantamiento de diligencias por cada trámite y la observancia estricta de la ley, se ampara en los, incumplimientos legales en que incurren las instrucciones cursadas por el ministerio. Las autoridades de Hacienda han informado que esta actuación más preventiva que sancionadora se debe a que se trata de un impuesto en rodaje, cuyo funcionamiento es todavía poco conocido.Los escritos comenzaron a ser dirigidos a gobernadores civiles, delegados administradores de Hacienda e inspectores jefes de Tributos el pasado día 20. En ellos se expone textualmente: "Denuncio las instrucciones impartidas de forma oficiosa y parcial (la circular Eleva membrete de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria, pero sin fecha ni firma), relativas a la ejecución del plan especial del. IVA, ya que considero que dicho plan no se ajusta a la normativa legal, lo cual constituye una merma considerable en los mecanismos y garantías de defensa del. contribuyente, así como una ruptura frontal con el principio constitucional de sometimiento de la Administración a la legalidad vigente, no estando dispuestos a realizar trabajos contrarios al ordenamiento".

Transigir con el fraude

La Asociación Profesional de Subinspectores afirma que esta iniciativa fue decidida tras un asesoramiento jurídico suficiente. En concreto, los subinspectores señalan que las instrucciones que ha ordenado aplicar Hacienda incumplen la ley general Tributaria, el Real Decreto 2.631/ 1985 sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributar las, la ley y el reglamento del IVA y el Real Decreto 2.402/ 1985, que regula el deber de expedir y entregar factura.

Los subinspectores denuncian hasta siete incumplimientos concretos y señalan además que el objetivo de "la reducción del fraude", descrito como básico en las propias instrucciones, entra en contradicción, con las recomendaciones posteriores de conceder un plazo de rectificación de anomalías y con el consejo de que se comprueben los documentos "sin investigar sobre la existencia de fraude no contabilizado, que requeriría una actuación profunda que no se pretende conseguir con este plan". Repetidamente se les advierte. que se limiten a una "somera verificación" o "ligero muestreo", aunque se trate de bienes inventariados que dan derecho a devolución, lo que, a su juicio, contraviene el principio de igualdad, ya que ésa no ha sido la pauta con otros impuestos.

También destacan que se, atenta contra la garantía jurídica del contribuyente, incumpliendo el artículo 144 de la ley general Tributaria y el principio general de seguridad jurídica, puesto que el ministerio hace hincapié en no entregar documento acreditativo de la actuación inspectora. En caso de que el investigado exigiera constancia escrita, las instrucciones dicen que "bajo ningún concepto se hará referencia a falta de requisitos en facturas u otras anomalías, ni a la concesión de plazos de rectficación".

El malestar de los subinspectores coincide con las reivindicaciones de los inspectores de Hacienda, que decidirán el próximo: lunes en asamblea nacional si convocan un paro legal de cuatro días y una huelga de celo indefinida con idéntico objetivo. Estas dos propuestas fueron asumidas mayoritariamente en la asamblea de Madrid celebrada el pasado martes. Actualmente hay 630 inspectores dedicados a la detección del fraude fiscal y su cometido especial es el de investigar a las empresas medias y grandes y a los contribuyentes con altos niveles de renta.

Golpe al Gobierno

En el informe presentado a la asamblea de Madrid se destaca la las ventajas de la huelga de celo, cuyos "riesgos pueden considerarse nulos, pues ateniéndose a las normas reglamentarias no cabe exigir responsabilidades a los funcionarios". "La oportunidad sería quizá irrepetible... El fracaso del citado plan sería un duro golpe para la Administración". Además, los representantes de los inspectores opinan que acaso muchos contribuyentes verían un alivio a las presiones a que se hallan sometidos".

Fuentes de la Asociación Profesional de Inspectores han reflejado la "indignación" del cuerpo y que "la convocatoria de medidas de presión el próximo lunes parece irremisible si antes Hacienda no garantiza lo que ha prometido". Sus reivindicaciones se concretan en la falta de revisión salarial del 7,2% este año, el desconocimiento de los complementos de productividad y los criterios de reparto, así como en la ausencia de un reglamento profesional. A finales de abril, quizá para evitar que coincidieran los conflictos, se les aseguró que sus reivindicaciones estaban concedidas, lo que no se ha traducido en realidad.