El PSOE apunta la reforma de la Administración como uno de sus objetivos prioritarios para la próxima, legislatura
El programa electoral del PSOE, que será estudiado hoy por la ejecutiva federal y mañana por el comité federal, máximo órgano del partido entre congresos, dedica amplia atención a la reforma de la Administración, lo que confirma que se trata de una asignatura pendiente del actual Gobierno. El PSOE, propone a este respecto la implantación de un marco efectivo de derechos sindicales de los funcionarios, la utilización más frecuente de contratos laborales en la Administración y la agrupación de los servicios periféricos de la Administración central en las Delegaciones del Gobierno. Asimismo, anuncia la introducción del jurado en los procesos judiciales y señala que "se resolverá definitivamente la situación" de los miembros de la UMD.
El programa, redactado en un lenguaje tecnócrata que contrasta con las expresiones reivindicativas que contenía el de 1982, excluye las consideraciones ideológicas y restringe al máximo los compromisos taxativos, sustituidos por propósitos como los de " racionalizar", "profundizar", .continuar en la línea de", "completar", "reforzar" o "contribuir".Los responsables del programa, entre los que se encuentran los miembros de la ejecutiva federal del PSOE Manuel Chaves y Francisco Fernández Marugán, afirman que una. de las actuaciones prioritarias de los socialistas en, la próxima legislatura será "el establecimiento definitivo de un marco de representación sindical que permita la participación en las decisiones que les afecten y en la determinación de sus condiciones de empleo". Según ellos, "deberá abrirse la posibilidad para que se laboricen amplios sectores de las Administraciones públicas en todos aquellos campos en que la prestación de los servicios no exija especialmente la condición de funcionario público".
El programa replantea en el ámbito de la Administración diversas reformas que el Gobierno había anunciado que deseaba llevar a cabo y cuya, inclusión, de nuevo, entre las ofertas electorales muestra que ha sido en éste ámbito donde menos cambios han introducido los socialistas. Una muestra de ello es la propuesta de que la "'integración de todos los servicios dependientes de la Administración central en las Delegaciones del Gobierno" constituya el principio básico de actuación del Estado en el ámbito provincial.
Los redactores del programa manifiestan que la reforma de la Administración debe tener como horizonte en los próximos años la mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos. A este respecto proponen "la realización de una campaña nacional de racionalización administrativa y supresión de trámites en coordinación con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y la Administración de Justicia". Asimismo, indican que "se tenderá progresivamente, en los servicios donde sea posible, a suprimir la obligación de los ciudadanos de presentar documentos acreditativos de datos que ya obran en poder de la propia Administración".
En términos generales, indican que la aplicación de la ley de Incompatibilidades "seguirá constituyendo un objetivo primordial de moralización y eficacia de la función pública".
El programa electoral socialista afirma que "el Gobierno llevará a cabo la introducción del jurado como institución que permite hacer efectiva la participación de los ciudadanos en el mundo judicial." Junto a esta medida se incluye, bajo el epígrafe "Una justicia más democrática, participativa e igual para todos", el compromiso de "reconocer legitimación ante los tribunales a entidades como los sindicatos, instituciones profesionales y asociaciones ciudadanas dedicadas al fomento y a la defensa de intereses colectivos".
La ejecutiva federal del PSOE afirma en la última página del programa que "se resolverá definitivamente la situación de quienes en su día fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por su pertenencia a la extinta UMD". En términos parecidos se había expresado el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en enero de 1985, en la presentación del libro del diputado socialista y ex miembro de la UMD Juli Busquets, El militar de carrera en España.
Los socialistas confirman en el programa electoral su propósito de "actualización de la normativa sobre calificación, clasificación y ascensos del personal militar", la "adopción de un sistema de provisión de destinos común para las Fuerzas Armadas" y la continuación de la mejora de "la racionalidad y calidad de la ensefianza militar en el marco de las realidades nacionales".
En política exterior, propugnan que se intensifiquen "los esfuerzos negociadores con el Reino Unido ( ... ) en el desbloqueo del contencioso de Gibraltar", que se inicie el proceso conducente al ingreso de España en la Unión Europea Occidental y que se refuerce "el pilar europeo de la seguridad". Tras expresar la inención de profundizar las relaciones bilaterales con Francia, Italia y Portugal, anuncian que "el Gobierno procederá al desarrollo del Acuerdo sobre asuntos económicos entre España y la Santa Sede, llevando a cabo la revisión del sistema de financiación de la Iglesia católica".
En relación con la radiotelevisión, los socialistas se muestran ahora más preocupados por las cuestiones tecnológicas que por los fines culturales del medio. Así, en el programa electoral de 1982 las propuestas sobre RTVE figuraban en el apartado "Cultura" bajo el epígrafe La lucha contra la colonización cultural. RTVE. Este asunto se incluye ahora en el capítulo "Infraestructuras: obras públicas, transporte y comunicaciones", y contiene la promesa de remitir a las Cortes un "proyecto de Ley que regule en España la televisión privada", sin otras precisiones. Nada se dice de proseguir en la reforma del Estatuto de RTVE.
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