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Sospechas de fraude en las elecciones de mañana en la República Dominicana

ENVIADO ESPECIAL, La campaña electoral para las elecciones presidenciales en la República Dominicana, que se celebran mañana, concluyó la pasada medianoche bajo la sospecha de que se prepara un fraude, acusaciones e insultos entre candidatos y una ausencia casi total de debate ideológico y programático. Los temas más controvertidos en la recta final de la campaña electoral dominicana han sido cuestiones formales y colaterales como qué mitin fue el más concurrido y qué encuesta manipula más los resultados. Faltó casi por completo la discusión sobre los problemas reales que afectan al país y las propuestas de cada partido o candidato a la presidencia para resolverlos.

Los tres únicos candidatos con posibilidades de lograr la Presidencia son el socialdegiócrata Jacobo MajIuta, de 51 años, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); el socialcristiano Joaquín Balaguer, de 78 años, del Partido Reformista Socialcristiano (PRSC), y el marxista Juan Bosch, de 76 años, del Partido de la Libe ración Dominicana (PLD). Los tres candidatos aseguran que su mitin o marcha electoral fue el más grande de la historia de la República Dominicana. Los periódicos publicaron ayer encuestas con resultados diametralmente opuestos. Algo inconcebible en una disciplina relativamente exacta como es la sociología electoral. A toda página aparecían, como publicidad pagada, encuestas que daban un 38,9% a Majluta y un 25,4% a Balaguer. Unas páginas más adelante se publicaban otras encuestas que ofrecían un resultado total mente inverso: Un 40,1% a Balaguer y un 29,05% a Majluta.Las denuncias y acusaciones de fraude pesan como una espada de Damocles sobre la elección de mañana. Se denunció que el censo electoral, con algo más de tres millones, de votantes, está inflado en 300.000 electores. En el último mitin multitudinario de la tarde del martes, en medio ole un diluvio que no consiguió dispersar a sus partidarios, Balaguer denunció que "esos 300.000 votos, si la junta central electoral no se decide a eliminarlos, podrían crear en este país tina situación en extremo delicada"'.

Balaguer amenazó: "Ni el PRSC, ni creo que ningún otro partido de oposición, admitirían el fraude ni reconocerían al Gobierno que surja de ese fraude. Lo menos que aquí podría pasar, si ese fraude se consagra, es que se decrete una huelga general de brazos caídos". Añadió el candidato socialcristiano que "podría entonces ocurrir una segunda matanza, como en abril de 1984. Pero ni esa segunda matanza, ni diez matanzas, ni mil matanzas, ni cien genocidios, ni mil genocidios, detendrán al pueblo dominicano para arrebatarle la victoria obtenida libremente en las urnas electorales".

Esta denuncia del fraude parece tener el carácter de una medicina preventiva, para dejar abiertas las puertas a un rechazo de los resultados, en el caso de que sean desfavorables. La amenaza con una "huelga de brazos caídos" y la referencia a la matanza del 24 de abril de 1984 parecen exageradas, a pesar del alto grado de movilización popular y la asistencia masiva a los mítines observada los últimos días de la campaña. En abril de 1984 hubo en Santo Domingo un centenar de muertos en los disturbios originados como consecuencia de la protesta por las subidas de, precios y la aplicación de las medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional para sanear la economía.

Para evitar las numerosas sospechas de fraude, el presidente de la República, Salvador Jorge Blanco (del PRD), decretó la constitución de una comisión de asesores, que se encargará de velar por la limpieza del proceso electoral de mañana. Esta comisión de notables estará presidida por el arzobispo de la diócesis de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Según el decreto presidencial, esta comisión deberá "dirigir al poder ejecutivo y/o a la junta central electoral las recomendaciones que considere beneficiosas para el éxito de las elecciones, tanto en el curso de la campaña como hasta el cierre del proceso electoral con la proclamación de los ganadores". En uso de sus atribuciones, la comisión ya actuó y dispuso la destrucción de unos 2.000 litros de una tinta importada de Colombia destinada a marcar el dedo de los votantes. Se descubrió que la tinta no era indeleble y podía borrarse fácilmente. El martes, los funcionarios de la junta central electoral cavaron unos hoyos en el jardín de su sede y arrojaron allí la tinta defectuosa, que será sustituida por otra norteamericana.

Además de anunciar la creación de la comisión de asesores electorales, el presidente Blanco concedió un regalo que entrará en vigor el mismo día de las elecciones: una rebaja considerable del precio de la gasolina. Esta medida la exigían y proponían como propia los candidatos presidenciales en vista de la caída en el mercado mundial de los precios del petróleo.

Con esta medida de última hora, Blanco favorece a su compañero de partido, Majluta. Al mismo tiempo, se interpreta en Santo Domingo, Blanco busca una popularidad que podría ayudarle cara al futuro, cuando intente retomar políticamente y trabajarse una candidatura presidencial.

Libertad de expresión

Otro de los puntos más discutidos del decreto presidencial es que "todas las emisoras de radio y televisión deberán entrar en cadena con Radiotelevisión Dominicana, emisora oficial, que transmitirá exclusivamente los partes noticiosos que emanen de la junta central electoral". Con esta medida, que muchos profesionales de la información consideran atentatoria contra la libertad de expresión, se pretende evitar la difusión de resultados no oficiales de los cómputos electorales.Se teme que los partidos y los candidatos, puesto que ya los tres han anunciado que van a ganar, se autoproclamen vencedores sin esperar a los resultados oficiales. Una discrepancia entre los cómputos propios y los oficiales podría ser denunciada como fraude y originar disturbios. Para evitar esto, el decreto presidencial obliga a los medios audioviosuales a conectar con la cadena nacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de mayo de 1986