Libia expulsa a dos españoles, uno de ellos colaborador del CESID

El Gobierno libio decidió ayer expulsar a dos funcionarios españoles: el agregado comercial, Alberto García Palacios, y el agregado cultural, Juan Martínez Belda. Según fuentes de los servicios secretos españoles, este último, que estaba acreditado en Trípoli desde 1979, colaboraba con el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). El régimen del coronel Muammar el Gaddari ordenó igualmente la expulsión de 34 funcionarios más pertenecientes a otras seis embajadas de países miembros de la Comunidad Europea (CE).

El Comité de la Oficina Popular para las Comunicaciones Exteriores de Libia (Ministerio de Asuntos Exteriores) convocó poco antes de las dos de la tarde a, siete embajadores, europeos -entre ellos, el español, Ricardo Peidró- para comunicar la expulsión de 25 funcionarios italianos, cuatro alemanes, dos belgas, dos españoles, un francés, un holandés y un danés.Las razones esgrimidas por el Gobierno libio son que estos funcionarios realizaban "acciones contrarias a su status diplomático", que es la fórmula que se suele utilizar para aludir elípticamente a las actividades de espionaje.

La agencia oficial libia, Jana ,dijo ayer que las expulsiones responden a "las drásticas e injustificadas medidas adoptadas por varios Estados europeos contra miembros de las oficinas populares (embajadas) libias en Europa", que fueron "tornadas a instancias y bajo presión de Estados Unidos, con el pretexto del terrorismo".

Fuentes diplomáticas españolas han informado de que la expulsión de los dos funcionarios españoles no tiene nada que ver con la dictada la semana pasada contra el diplomático libio Saed Mohamed Alsalam Esmaiel, acusado de ayudar al coronel Carlos de Meer de Ribera a financiar un grupo ultraderechista.

Estas fuentes añadieron que todo hacia suponer que las expulsiones masivas dictadas ayer por el Gobierno de Trípoli responden a las sanciones diplomáticas tomadas por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CE el pasado 14 de abril en La Haya. El Gobierno de Madrid participó en las sanciones obligando a abandonar España el 25 de abril a un diplomático, dos funcionarios, tres estudiantes y cinco profesores de la escuela libia Al Fatah, de Madrid.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, que se encontraba ayer en Bruselas, pidió al Consejo de Ministros de la CE que estudiara una respuesta a Libia por lo que calificó de "represalia indiscriminada e injusta" de este país. El ministro negó con vehemencia que existiera alguna relación entre las expulsiones de Trípoli y las de Madrid. "Nosotros", precisó, "hemos basado nuestra medida en elementos conocidos y justos, y ellos no han actuado de la misma manera".

Fernández Ordóñez añadió que no se había querido tomar ninguna decisión en caliente y que además había países que se sentían poco afectados. "Por tanto", añadió, "el caso ha sido trasladado al Comité Político [integrado por directores generales de los ministerios de, Asuntos Exteriores de los doce, que se reunirá esta semana en La Haya".

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