Un catalanista de la sierra de Cazorla

Cesáreo Rodríguez Aguilera nació en Quesada, en la andaluza Sierra de Cazorla (Jaén), en 1916, e ingresó en la carrera judicial cuando tenía 26 años. Su primer destino lo desempeñó en Tetuán y Larache (Marruecos), donde fue juez hasta 1946. En ese año fue trasladado a Barcelona, ciudad en la que ejerció como juez municipal y de instrucción. En Puigcerdá y Terrassa fue juez de instancia e instrucción. En 1978 tomó posesión de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca y en 1983, ocupó la de Barcelona. Entre estos años, Cesáreo Rodriguez Aguilera tuvo dos ofrecimientos para ser designado magistrado del Tribunal Supremo en 1979 y candidato a ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional en 1982.

En julio de 1984, al cabo de un año de su toma de posesión como presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, fue nombrado ponente del procedimiento judicial de la querella de Banca Catalana. En octubre del año pasado fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Convergència. Aunque no trascendió públicamente, los socialistas catalanes apoyaron ese nombramiento ante el ministro, de Justicia, Fernando Ledesma, al considerar a Rodríguez Aguilera un hombre de posicíones progresistas e incluso próximas al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

Este magistrado, al margen de su trayectoria jurídica, está considerado como un especialista en arte, materia sobre la que ha escrito numerosas publicaciones, y un profundo estudioso. Fue fundador de la Asociación de Artistas Actuales y secretario del Museo de Arte Contemporánieo a finales de los años cincuenta. La Enciclopedia Catalana le dedica 30 líneas por su aportación al mundo artístico catalán. Ideológicamente ha estado influido por Dionisio Ridruejo. A finales de los sesenta participó en la fundación de Justicia Democrática.

Es amigo personal de Joan Reventós -dirigente socialista catalán, ex embajador en París- y goza de buenas relaciones con los nacionalistas Macià Alavedra, Ramón Trias Fargas o el propio Jordi Pujol. En los estertores del franquismo se le situó en la órbita socialista. La casualidad hizo que una de las veces en que Raimon Obiols -secretario general del PSC- fue detenido por motivos políticos durante la dictadura pudiera decretar su inmediata libertad al haberle correspondido ejercer aquel día como juez de guardia.

Desde la presidencia de la Audiencia de Barcelona propició una política de buenas relaciones con la Generalitat, impulsó la normalización del uso del catalán en la Administración de Justicia y tuvo especial protagonismo en la querella contra 25 ex consejeros de Banca Catalana, en la que ejerció como ponente.

En este puesto pareció siempre preocupado por el deterioro que pudiera producirse en la imagen pública del presidente de la Generalitat; impulsó la declaración por escrito de Jordi Pujol y la mejora de las relaciones entre los fiscales y el juez Ignacio de Lecea. Según portavoces de la dirección del PSC, "la inclusión en las listas de un hombre como Rodríguez Aguilera, que goza de la confianza de Convergència y Jordi Pujol, demuestra que no ha habido manipulaciones por parte socialista en el caso Catalana".