El juez intensifica la investigación sobre los presuntos fraudes en Autopistas Concesionaria Española
ANDREU MISSÉEl titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Tomás García Gonzalo, ha solicitado a la dirección de Autopistas todos los documentos originales relativos a los presuntos fraudes efectuados durante diversos mandatos anteriores y que fueron denunciados el pasado año por el actual presidente, Carlos Bustelo. Se estima oficialmente que suponen unos 500 millones de pesetas. Previamente, la Audiencia de Madrid se dirigió al juez instándole a investigar el caso a fondo para averiguar si existen anomalías superiores a las denunciadas, ya que algunas fuentes cifran entre 1.200 y 1.500 millones de pesetas las cantidades presumiblemente defraudadas.
Coincidiendo con el requerimiento del juzgado, el consejo de Autopistas ha decidido personarse en la causa, con lo que podrá presentar nuevas reclamaciones si se van descubriendo otras irregularidades. Estas dos iniciativas suponen el fracaso de todos intentos efectuados hasta ahora para ocultar y enterrar definitivamente el presunto fraude.A mediados del pasado mes de abril, los consejeros de Autopistas Concesionaria Española SA (ACESA) recibieron una carta de uno de los abogados de José María González Vallés, ex presidente de la sociedad, recordándoles las reponsabilidades propias del cargo y las posibles consecuencias que se derivarían si continuaban las actuaciones judiciales que investigan el fraude. González Vallés había sido anteriormente subgobernador del Banco de España y director del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME).
Los consejeros remitieron las cartas al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, encargado del caso, para que estimase si el tono o contenido de los escritos podía considerarse amenazante o coactivo. De medios próximos a la defensa ha trascendido cierta sensación de temor de quienes consideran que "si los jueces y los fiscales empiezan a tirar de la manta podeis -refiriéndose a los consejeros- afectar a gente muy importante", en palabras del abogado de uno de los afectados.
El pasado día 10 de marzo, José María González Vallés compareció ante el juez para declarar en relación a la denuncia que había presentado el 31 de mayo de 1985 el actual presidente de ACESA, Carlos Bustelo, en la que se describían actuaciones constitutivas de presuntas estafas por un valor superior a los 500 millones de pesetas durante los años 1981 y 1983. La denuncia implicaba también al antiguo director financiero, Ángel Fernández de la Puebla.
Investigaciones posteriores han precisado que los posibles fraudes, que todavía se hallan en fase de investigación, podrían superar fácilmente los 1.200 millones de pesetas. González Vallés permaneció cerca de 10 años en la empresa, y la denuncia concreta sólo se refiere a la actuación en los dos últimos ejercicios.
Jubilación de Jorge Masiá
En sus declaraciones, González Vallés intentó descargar responsabilidades en el conjunto del consejo, aportando además datos sobre la actuación del consejero delegado, Jorge Masiá Más-Bagá, quien junto a José Ferrer Bonsoíns participaron en la constitución de la sociedad como representantes de Unión Industrial Bancaria (Bankunión), en 1967. Con independencia de las actuaciones judiciales, el consejo de administración de ACESA acordó el pasado 8 de abril negociar la jubilación anticipada de Jorge Masiá, que tiene actualmente 62 años, y excluirle del nuevo comité de dirección.
Las irregularidades de ACESA trascendieron a raíz de la crisis de Bankunión, que poseía el 57,8% de sus acciones, y de su posterior pase al Fondo,de Garantía de Depósitos de Establecimientos Bancarios. Este hecho significó, en junio de 1983, la entrada de representantes del Fondo en el consejo de Autopistas. Simultáneamente, González Vallés dimitió como consejero y presidente, siendo sustituido por el ex ministro de Industria, Carlos Bustelo, en representación del Fondo de Garantía. El Fondo nombró además de Bustelo a otros cinco nuevos consejeros. A partir de este momento se inició una nueva etapa en la dirección y control de la sociedad. Se adoptaron medidas renovadoras, como el nombramiento de Tristán Martín Urquijo para ocupar la dirección financiera. Las primeras sorpresas aparecieron al analizar los créditos exteriores de la empresa, para instrumentar la absorción de su participada Autopistas de Cataluña, y Aragón, SA (ACASA) y comprobarse que en su mayoría habían sido suscritos con financieras prácticamente desconocidas en lugar de bancos.
Las investigaciones continuaron, hasta que apareció en un archivador una carpeta con facturas y recibos pagados en concepto de asesorías por un valor de 380 millones de pesetas, que eran Correspondientes a las empresas Barosa, Crafin, Ecocentre Geficoex y Afisa. Los pagos se habían efectuado a través de una cuenta de una sucursal en Madrid a la que habían sido transferidas desde Barcelona más de 500 millones de pesetas.
