Una larga carrera hacia el juzgado

El 31 de mayo de 1985, Carlos Bustelo presentó una voluminosa denuncia -apoyada en múltiples pruebas documentales- al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba. El fiscal general remitió primero la denuncia a la Audiencia de Barcelona, que la devolvió a Madrid por estimar que esta era la jurisdicción competente ya que los hechos habían ocurrido en la capital de España.

En julio de 1985, el titular de Juzgado de Iristrucción número 16 de Madrid citó a Bustelo, que se ratificó en la denuncia, pero el juez desestimó la querella. La decisión del instructor fue recurrida por el fiscal, y el pasado mes de enero lasección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto declarando con términos tajantes que era improcedente la inadmisión de la querella.

Cambio decisivo

La actitud de la Audiencia imprimió un cambio decisivo en las actuaciones judiciales y el instructor empezó a citar a los implicados. Ante esta circunstancia, los abogados de González Vallés optaron por intensificar la vía de negociación que se había iniciado tímidamente cuando se presentó la denuncia. Si al principio ofrecían 200 millones de pesetas en concepto de devolución de fondos, con la pretensión de que el nuevo presidente de ACESA retirase la denuncia y paralizara el procedimiento judicial, entonces la elevaron a 500 millones.

Los contactos culminaron el pasado 14 de febrero, fecha en la que los abogados de González Vallés entregaron a ACESA un talón de 540 millones de pesetas. De esta cantidad, 510 millones correspondían a los fondos transferidos de Barcelona a Madrid, pagados a las financieras a través de unas minutas muy elevadas, que se consideraban exageradas y sin justificación convincente. Otros 20 y 10 millones de pesetas, respectivamente, suponían la devolución de las indemnizaciones recibidas por José María González Vallés y Angel Fernández de la Puebla cuando abandonaron la sociedad, en 1983.

Aunque la pretensión inicial de los denunciados era exigir a cambio del talón -que era conforme, firmado contra una cuenta del Bank of London and South America- una retirada formal de las acusaciones, el único compromiso que reconoce Carlos Bustelo fue el de entregar un justificante de la cantidad recibida y notificar al juez y a la Audiencia de Madrid esta circunstancia. Al parecer, González Vallés reunió los 540 millones en menos de cuatro días.

Las posteriores diligencias judiciales lejos de cerrar el case, han abierto nuevas vías de investigación. Unas recientes declaraciones ante el juez del nuevo director general, Tristán Martín Urquijo, parecen haber resultado decisivas para que el juez decidiera acelerar las pesquisas.