La nueva batalla de la enseñanza

CASI TRES millones de alumnos de EGB se quedaron ayer sin clases, y no las tendrán, probablemente, a lo largo de esta semana. La Coordinadora General pro Libertad de Enseñanza, donde se agrupan diversas asociaciones de colegios privados, religiosos y no religiosos, han convocado esta huelga en protesta por el sistema de subvenciones que establece la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE).Los criterios para recibir las subvenciones más altas hacen referencia a la ubicación del local escolar en zonas más desfavorecidas económicamente o en las que la dotación de aulas sea menor. También pretende apoyar experiencias pedagógicas de reconocido interés y evitar la irracionalidad en el número de alumnos por aula. Con la combinación de estos y otros aspectos, en cuya valoración intervienen los titulares de la enseñanza privada, la LODE pretende hacer efectivo el derecho a la enseñanza para todos y procurar una cierta homologación de su calidad. Contra el artículo de la ley que recoge esas medidas, un grupo de diputados de Coalición Popular que lo consideré atentatorio para la libertad de enseñanza, presentó recurso de anticonstitucionalidad, finalmente desestimado.

La protesta actual pone en cuestión el efectivo reparto que se hará del dinero que aporta el Ministerio de Educación: 125.000 millones de pesetas en este curso. Pero sorprende que la decisión de cerrar los colegios haya sido adoptada antes de conocer las cifras oficiales y definitivas sobre el número de colegios subvencionados y haya sido anunciada en el momento preciso en que la Administración abrió el trámite de audiencia para que los propietarios que acudieron a la convocatoria, y no estuvieran conformes con la resolución, presentasen sus alegaciones. Estamos ante un nuevo pulso político, como ayer lo fueron las manifestaciones callejeras, contra una ley que disgusta al sector privado y que no se ha podido paralizar en los tribunales.

La huelga, sospechosamente oportuna, viene a enrarecer, además, el desarrollo de las elecciones a los consejos escolares, órganos de control social de los colegios públicos y privados con subvenciones, y podría considerarse un nuevo intento de obstruir el desarrollo de la LODE. Un intento salvaje, si se tiene en cuenta que cualquiera de los empresarios que se sintieran agraviados con el reparto de ayudas podrían solventar la supuesta injusticia ante los tribunales.

Acudir a un cierre patronal, que quiere enmascararse seráficamente como un cese de actividades, es una decisión que contribuye a crispar el clima social y a crear una atmósfera favorable a los intereses de la derecha, uno de cuyos grupos representantes, Alianza Popular, se ha apresurado a calificar la acción como "un acto de legítima defensa". En este caso, tres millones de niños sin clase y el trastorno consiguiente a las familias es el arma defensiva.