El alcalde paralizará en persona las obras del vertedero industrial de San Fernando

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, formado por cinco concejales y el alcalde, todos del PCE, ha acordado ir en persona el próximo lunes al lugar donde se realizan las obras del futuro vertedero de residuos tóxicos industriales con la intención de paralizar las obras. Un portavoz de la Consejería de Ordenación Territorial advirtió ya hace días que si el alcalde persistía en su actitud "obstruccionista" podría ser denunciado ante la autoridad judicial por un presunto delito de coacción.

Una nota hecha pública ayer citaba que el próximo lunes, 28 de abril, el equipo de gobierno municipal, con el alcalde, Enrique Guerra, a la cabeza, se presentaría en el paraje conocido como La Granja, donde se llevan a cabo las obras de construcción del futuro vertedero de residuos tóxicos industriales, para paralizar los trabajos.El alcalde ordenó la paralización el 18 de marzo, en base a que, según la versión municipal, las obras no están amparadas por licencia municipal alguna. Los obreros han continuado su trabajo. En aquel momento un portavoz de la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente afirmó que las obras del vertedero estaban amparadas por la licencia concedida por el propio Gobierno regional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 180.2 de la ley del Suelo, calificó la actitud del alcalde de obstruccionista y advirtió que en caso de persistir en la misma, la consejería podría presentar una denuncia ante la autoridad judicial por presunto delito de coacción.

Según fuentes de la consejería, el artículo 180.2 de la ley del Suelo faculta al Gobierno regional a dar luz verde a un proyecto que tenga carácter supramunicipal, aun con la opinión contraria del ayuntamiento afectado. El Gobierno regional hizo uso de esta facultad en su reunión del 6 de febrero y se lo comunicó al alcalde de San Fernando de Henares en un escrito entregado en el registro municipal el 28 de febrero.

Ayer no fue posible localizar a ningún responsable de la citada consejería ni tampoco al alcalde ni al primer teniente de alcalde de San Fernando de Henares.

Un portavoz del Ayuntamiento puso de manifiesto, sin embargo, que la decisión del equipo de gobierno municipal de acudir en persona a paralizar las obras se debe a la falta de un proceso negociador con los responsables de la consejería.

Condiciones cumplidas

El portavoz municipal reconoció que Eduardo Mangada, consejero de Ordenación Territorial, ha cumplido las condiciones pedidas públicamente por el alcalde en una conferencia de prensa conjunta celebrada el 2 de diciembre: el vertedero de residuos tóxicos no albergará, ni siquiera temporalmente, productos calificados como no admisibles por su peligrosidad, ni tampoco se construirá junto al vertedero la prevista planta de incineración."Sin embargo", añadió el portavoz, "subsiste el problema de fondo de que todo el término municipal de San Fernando de Henares está ya demasiado degradado y ocupado por instalaciones peligrosas. Y subsiste la actitud prepotente del Gobierno regional, que no se ha molestado en dar explicaciones al Ayuntamiento ni abrir un proceso de debate y negociación. El Ayuntamiento no va a admitir nada impuesto a las bravas".

El portavoz añadió que las obras, al margen de la polémica en torno a la licencia, son de dudosa legalidad, por cuanto el Programa Coordinado de Actuación de Residuos Industriales (PCARI), del que forma parte el vertedero en cuestión, aún no está aprobado definitivamente; se encuentra en período de información pública y presentación de alegaciones.

En el nuevo plan general urbanístico de la localidad, aprobado por el Ayuntamiento pero no por el consejo del Gobierno regional, los terrenos destinados a vertedero se califican de protección especial.