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COMUNIDAD VALENCIANA

Las Cortes autonómicas se oponen a investigar el destino de las ayudas y subvenciones por las riadas

Las Cortes valencianas se opusieron ayer a abrir una investigación sobre el destino dado a los miles de millones de pesetas concedido en forma de ayudas y subvenciones a la comarca de La Ribera afectada por las inundaciones de octubre de 1982, y a que se realicen auditorías en los ayuntamientos y otros organismos oficiales que gestionaron este dinero. Lo socialistas, que tienen mayoría absoluta en la Cámara, rechazaron una proposición que en este sentido había presentado el Grupo Popular y que contaba con el apoyo de los grupos Comunista y Mixto Las asociaciones de afectados también han solicitado estas auditorías. Según Joan Pastor, portavoz socialista, "quienes tengan pruebas de que ha habido irregularidades pueden acudir a los tribunales". Así lo ha hecho un vecino de Algemesí.La proposición no de ley pre sentada por el Grupo Popular además de solicitar la intervención de los servicios de auditorías del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, incluía básicamente otras tres peticiones. Los socialistas rechazaron la propuesta globalmente por entender que "da, en conjunto, la impresión de que no se ha hecho nada en La Ribera después de la riada de 1982". Ofrecieron a las minorías del Parlamento autónomo la posibilidad de presentar una nueva proposición que incluyera únicamente aquellos puntos que realmente quedan por resolver. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y la Confederación Hidrográfica del Júcar han invertido -o lo van a hacer- miles de millones de pesetas en un ambicioso plan de protección, que incluye la construcción de tres grandes presas capaces de regular grandes avenidas y el refuerzo de los márgenes del peligroso Júcar en los puntos más conflictivos.

En la proposición, los populares pedían igualdad de tratamiento para los afectados por las inundaciones en relación con los de otras comunidades autónomas, por considerar que a los damnificados por las riadas de Cataluña y el País Vasco les fueron concedidas mayores ventajas fiscales.

Aparentemente, en los diferentes pueblos de la comarca, nada hace pensar que hace cuatro años sufrieran una riada que se cobró varias vidas y produjo daños valorados en decenas de miles de millones de pesetas. Los préstamos concedidos a raíz de la catástrofe suman una cantidad similar a las pérdidas calculadas. El pasado 2 de abril el Gobierno decidió conceder aplazamientos en la devolución de los créditos a quienes les hubieran sido concedidas cantidades menores a dos millones de pesetas.

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