El retorno de 'La marquesa'
AL MARGEN de la triste comprobación de las considerables lagunas administrativas y funcionales que la exportacíón ilegal de La marquesa de Santa Cruz ha puesto una vez más de manifiesto, el retorno del cuadro a nuestro país y su ingreso en el patrimonio del Estado, mediante su adquisición en seis millones de dólares (unos 880 millones de pesetas), pagados en concepto de indemnización, supone el alivio ante una situación insostenible.Una vez sacado el cuadro del país, ciertamente no se podía hacer otra cosa que localizar su ubicación y la identidad de sus nuevos propietarios, a los que había que presionar con todos los medios al alcance del Estado para que éstos no tratasen de borrar, mediante el procedimiento de rápidas compraventas, las huellas de su ilegal exportación.
Impedida una primera operación de venta al Museo Getty por la cantidad de 1.000 millones hace tres años, la actual amenaza de subasta pública, amparada con el prestigio de la firma Christie's y la dudosa honorabilidad de un testaferro, de haberse consumado hubiera significado un bochornoso precedente y la ridiculización definitiva de la credibilidad internacional del Estado en su papel de protector del patrimonio. Había, pues, que dificultar a todo trance la celebración de la subasta, pero con ser esto importante no arreglaba el problema de fondo: el Estado había sido indudablemente lesionado en sus derechos, mas carecía de títulos de propiedad sobre la obra, con lo que a la postre el tiempo acabaría dando cobertura legal a la cadena de maliciosos intermediarios. Evidentemente, la reclamación jurídica del Estado, de no haber estado acompañada por una discreta gestión simultánea para la adquisición de la propiedad de la obra en litigio, estaba condenada a la larga al fracaso.
Por otra parte se suscitan en el presente caso otras dudas razonables: ¿Vale La marquesa de Santa Cruz los 880 millones de pesetas que se pagarán según el acuerdo anunciado? Valiéndolos, ¿tiene sentido que el Estado, aún sin una política de compras coherente, se embarque en esta extraordinaria inversión aislada? Respecto al primer interrogante hay que decir que el precio de una obra lo establece el mercado, más allá de nuestras valoraciones subjetivas, y sobre esta base no cabe duda que La marquesa de Santa Cruz hubiera superado con creces los1.000 millones de pesetas en una subasta pública celebrada en condiciones normales. Tal fue, de hecho, la cantidad aceptada hace tres años por el Museo Getty, y 1.100 millones era el precio de salida de la conflictiva sesión anunciada por Christie's, aunque de momento la oferta se hubiera re traído por el pleito planteado por la Administración española. Ahora bien, mucho o poco, ¿es legítimo que pague 900 millones un Estado que no sólo no tiene una política estructurada de compras sino que tampoco posee un presupuesto digno ni siquiera para la conservación general del patrimonio histórico-artístico? Ante este segundo interrogante cabe todo tipo de opiniones, pero lo importante aquí no es tanto el qué o el puánto sino el cómo. Es decir, si, como parece, el Estado lo que ha hecho básicamente es gestionar la recolección de fondos privados y la agilización administrativa de los recursos propios a través de fórmulas como la del 1% cultural, que no lesionan directamente el exiguo presupuesto que la Administración dedica a estos menesteres, parece no sólo correcta su actuación en este caso, sino incluso la mejor de las soluciones posibles, ya que se ha dejado sentada la voluntad oficial de no permitir por omisión que un expolio quede sin respuesta eficaz, a la vez que se han abierto las puertas a fórmulas nuevas de colaboración entre entidades públicas y privadas. La nueva ley del Patrimonio Histórico ha modificado muchos de los supuestos que permitieron la exportación impune de La marquesa de Santa Cruz. Queda, no obstante, mucho aún por hacer, y es de esperar que esta desgraci ada y rocambolesca historia con final feliz sirva para que los responsables oficiales se tomen en serio un tema cuyas complejidades en absoluto se acaban con las muy confusas y dificiles circunstancias que se han detectado en esta operación de fraudulenta exportación.
