Un juez de Barcelona dicta prisión sin fianza para el gerente de Prodiecu

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha dictado auto de prisión sin fianza para Jordi Banús March, gerente de la empresa Prodiecu-Apem, SA, que se encarga de la venta de los cupones de los minusválidos. Banús fue detenido el día 3 de abril junto al director de Apem, Manuel Fernández Gil, según informó Europa Press. Andrés Rodríguez, director de Prodiecu, y en paradero desconocido, figura también inculpado.

El magistrado, que ha apreciado irregularidades en Prodiecu, ha ordenado que se continúe la investigación. No obstante, Pedro Fuentes, relaciones públicas de la sede madrileña de Prodiecu (Promoción y Difusión de Actividades Culturales) aseguró ayer que "la empresa seguirá vendiendo cupones". Pese a que el Gobierno ha vuelto a denegar a Prodiecu la venta de esta lotería, Fuentes señaló: "No vamos a dejar en la calle a cerca de 6.000 trabajadores, el 90% de ellos minusválidos. Si el Gobierno quiere dejarles en la calle, es su problema".Una treintena de minusválidos se manifestó el domingo en Madrid, junto al Palacio de Exposiciones y Congresos, para pedir la legalizacion de su lotería. Los minusválidos solicitaron una urgente clarificación de su situación, que consideran de segunda clase respecto a la de los ciegos. En opinión de los manifestantes, el abandono de la Administración les obliga a depender de Prodiecu, SA.

La mayor parte de los minusválidos, sin embargo, dirige sus objetivos a que sea la propia Administración la que establezca un tipo de cupón de minusválidos, controlado por ellos mismos, que les permita beneficiarse de la misma situación de que goza la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Aunque Prodiecu está registrada legalmente, su actividad, vender boletos, ha sido declarada ilegal en reiteradas ocasiones.

"Si la Administración nos abandona, no tenemos más recurso que Prodiecu", manifestó uno de sus trabajadores. El sueldo mensual que percibe un vendedor de cupones de Prodiecu oscila alrededor de las 48.200 pesetas, cifra sensiblemente superior a las 14.000 pesetas de ayuda estatal que recibe un minusválido sin recursos o las 3.000 pesetas a que tiene derecho el que es mantenido por su familia. La propuesta de la Administración de que los actuales trabajadores de Prodiecu se acojan al seguro de desempleo no satisface las demandas de los minusválidos.

Inhibición

La protesta de los minusválidos, que se ha desarrollado a lo largo del mes de marzo, "no ha tenido eco en la Administración", según un portavoz. En su opinión, "el tema de fondo continúa sin resolverse". "Lo incoherente es que el Inem (Instituto Nacional de Empleo) haya sellado nuestros contratos con Prodiecu y ahora se estime ilegal nuestra actividad". El conflicto ha dividido a los propios minusválidos: mientras un sector reclama insistentemente la intervención de la Administración y el desarrollo de la ley de Integración Social del Minusválido, al margen de Prodiecu, otro grupo cierra filas con la empresa: "al menos con Prodiecu tenemos un sueldo".El pasado mes de marzo la Junta de Andalucía ordenó precintar todas las sedes de Prodiecu existentes en la comunidad autónoma.